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Manifestantes protestan en Lima la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de indultar al exmandatario Alberto Fujimori.

Grave afrenta a la justicia en Perú

Sara Cuentas Ramírez

El 24 de diciembre de 2017 será recordado en el Perú como el día que se fraguó una grave afrenta contra la justicia y los derechos humanos. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien ganó las elecciones presidenciales el 2016 y prometió, en plena campaña, que no indultaría a Alberto Fujimori -condenado por corrupción, asesinato y secuestro agravado-, le concedió no sólo el indulto humanitario, sino también el de derecho de gracia. La resolución presidencial subrayó que "esta persona no está en capacidad de recibir sanción" y que "no significaría un peligro para la sociedad".

El presidente selló un pacto de impunidad con un perpetrador y colocó en una encrucijada la estabilidad democrática del país. Negoció la libertad de Fujimori a cambio de mantenerse en el sillón presidencial, en medio de una moción del Congreso de la República -mayoritariamente fujimorista- que pretendía su destitución por acusaciones relacionadas con el caso de corrupción Odebrecht, por pagos de la constructora brasileña a Westfield Capital -firma vinculada al mandatario- por asesorías de 782.000 dólares entre 2004 y 2007.

El indulto humanitario libera a Fujimori de todas sus condenas: por delito de usurpación de funciones; por delitos de lesa humanidad (asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta y de 15 personas, incluyendo a un niño de ocho años, en Barrios Altos) y por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer; por delito de peculado -malversación de fondos- tras apropiarse de 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregarlos a su exasesor, Vladimiro Montesinos; por delitos de corrupción -espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y compra de congresistas y por desviar fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para financiar los "diarios chicha" que apoyaron su segunda reelección-.
 

Esterilización forzada

Con el derecho de gracia Fujimori se libra de todo proceso, juicio pendiente o exigencia de responsabilidad penal. Dos son los casos más significativos que tiene irresueltos. Primero, la Masacre de Pativilca, donde se le responsabiliza de la matanza de seis personas en 1992 a cargo del Grupo paramilitar Colina. Segundo, la denuncia de más de 2.000 mujeres contra Fujimori -pendiente en la Fiscalía de la Nación- por haber esterilizado de manera forzada a cerca de 300.000 mujeres, a través del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1995-2000.

Fue una política maltusiana, patriarcal y racista, dirigida no a cualquier mujer, sino hacia mujeres en situación de extrema pobreza y analfabetismo, hablantes de quechua e indígenas. Durante su campaña, Kuczynski firmó un compromiso político con las organizaciones de víctimas de esterilización forzada para garantizarles verdad, justicia y reparación durante su mandato. Ahora, ellas se sienten burladas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha reconocido el indulto. Señala que incumple los requisitos legales fundamentales y viola el requisito de independencia y objetividad. Cuestiona el derecho de gracia porque el Estado contraviene su deber de investigar las violaciones de los derechos humanos, sancionar y reparar a las víctimas. Y afirma que el derecho internacional prohíbe la aplicación de amnistías e indultos a personas culpables de crímenes de lesa humanidad.

"Pasar página"


Kuczynski ha pedido "pasar página" y entender que la "justicia no es venganza". Ha dicho que no es el presidente de quienes votaron por él sino de todo el Perú y ha reclamado reconciliación. Se olvida que llegó al poder porque la población no quería al fujimorismo, representado en Keiko Fujimori, hija del condenado. Se olvida que sin justicia no hay reconciliación posible y que hacer memoria evita repetir la historia. Se olvida que la mentira le cobrará factura: al negociar el indulto en secreto vendió su libertad, no así la del pueblo. No en vano hoy en las calles se reclama justicia, pese a la represión policial. Y las víctimas y defensoras recurrirán esta resolución ante la CIDH. Será el pueblo quien garantice la justicia, no un mandatario que ha perdido credibilidad.

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