Enésimo retraso en la financiación autonómica

El Gobierno ha reconocido ya en privado que el nuevo acuerdo de financiación de las autonomías no podrá aplicarse hasta el año 2019 porque la situación política en Catalunya, con el previsible retraso en la formación del Govern, impedirá que el pacto esté listo para su inclusión en los Presupuestos del 2018, cuya aprobación tampoco está asegurada porque el PNV no los apoyará mientras no se elimine la aplicación del artículo 155. Este enésimo retraso, que elevaría a un lustro el incumplimiento de los plazos por el Gobierno de Mariano Rajoy, es una pésima noticia que solo puede radicalizar aún más la situación en Catalunya y, de paso, despertar nuevos agravios en otras comunidades autónomas, que ya adelantan que no aceptarán posiciones de ventaja de la Generalitat para frenar el procés ni acuerdos bilaterales con el Gobierno central.

Es cierto que el Govern de Puigdemont se autoexcluyó de la negociación al negarse a enviar un representante de la Generalitat a la comisión de expertos creada en febrero y al comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera constituido en octubre, y es razonable que el Gobierno no quiera alcanzar un pacto sin Catalunya. Pero la Generalitat no puede ser la única responsable de este retraso, ya que si no se abordó en su momento la renovación del sistema fue con la excusa de la crisis económica. El incumplimiento se ha convertido ya en escandaloso y muy perjudicial para el buen funcionamiento del Estado autonómico.