Pacto de Estado y violencia machista

La ratificación del pacto de Estado contra la victoria machista, entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, es una buena noticia y un indicio de una voluntad real de afrontar un problema que es una lacra social en nuestro país. Otra cuestión es que el goteo de víctimas no haya cesado durante este año largo de trabajo entre administraciones, partidos, poder judicial y asociaciones del tercer sector. Se entiende esa demora cuando se plantean 200 medidas en un plan integral, pero el problema requería de toda la celeridad posible para levantar el andamiaje normativo. Recordar que más de 1.000 mujeres han sido asesinadas en España en los últimos 20 años es un dato terrorífico.

Se da la negra coincidencia, además, del anuncio del pacto con las últimas muertes en Sant Adrià del Besós y en Benicàssim. En el caso de la primera, había denunciado dos veces a su marido, lo que es una muestra más de que, por ejemplo, los protocolos de alejamiento no resultan eficaces con una frecuencia lamentable. El máximo celo en la prevención y refuerzo de las medidas de protección se antojan imprescindibles.

Son algunos aspectos del amplio catálogo de medidas de ese pacto de Estado que contempla destinar en su financiación 1.000 millones, 200 de ellos en el 2018. El objetivo de esa inversión pública –cuya no aplicación no tiene excusa posible– ha de ser luchar contra el machismo que sigue instalado en nuestra sociedad. Porque, de nuevo, los datos abruman. Según el barómetro del CIS de julio, solo el 1,4% de los españoles sitúa la violencia contra la mujer como una de sus grandes preocupaciones. Y el 27,4% de los jóvenes entre 15 y 29 años, según un barómetro del Centro Reina Sofía, la ve «normal».

La violencia machista, por lo tanto, se ha normalizado en la sociedad española. Un entorno que, pese a los avances en la emancipación de la mujer, sigue marcado por un sello patriarcal del que tampoco escapan algunas actuaciones judiciales. El ámbito familiar y educativo es, en consecuencia, la primera etapa en la lucha contra estereotipos y micromachismos que se convierten en nocivo caldo de cultivo. El reto es enorme, el pacto de Estado es bienvenido, pero la meta está en transformar una sociedad para que se fomente la igualdad y contra el sexismo. Será el mejor camino para proteger la vida, la dignidad y la integridad física y moral de las mujeres.