La burbuja metropolitana del alquiler

Instalada en niveles insoportablemente elevados, la burbuja del precio del alquiler de pisos en Barcelona parece que ya no da más de sí y empieza a presentar síntomas de agotamiento. No podía ser de otra manera, aunque los efectos del frenazo, de confirmarse, seguramente aún tardarán en dejarse notar. El desequilibrio entre la tradicional oferta escasa de suelo de una ciudad geográficamente constreñida entre el mar y la montaña, y una demanda creciente inflamada por el fenómeno turístico y especulativo, ha desembocado en la gentrificación. Vecinos cuya vida y la de su familia ha transcurrido en un mismo barrio deben abandonarlo al no contar con recursos para poder resistir la presión de los precios de una zona colonizada por residentes de mayor poder adquisitivo. Así, cada vez es mayor el número de barceloneses que se ven obligados a buscar cobijo en otras poblaciones del área metropolitana.

Comoquiera que las leyes del mercado libre son implacables, ya se está registrando en esas áreas un incremento de los precios del alquiler de la vivienda como consecuencia del aumento de la demanda. En algunas de ellas –no sujetas, por cierto, al tsunami turístico– los alquileres acabarán este año con un aumento desbocado de más del 10%. El contagio de la burbuja barcelonesa amenaza pues con modificar el mercado inmobiliario metropolitano, ahora la primera corona de la gran ciudad pero paulatinamente en áreas relativamente más alejadas.

La evidencia del fenómeno global y sus preocupantes consecuencias lleva tiempo exigiendo una decidida intervención institucional. La precariedad de los salarios y la inseguridad laboral siguen dificultando a los ciudadanos el acceso al mercado de compra de vivienda, por lo que se ven obligados a entrar en el incierto túnel del alquiler. Son ya varios los proyectos que han diseñado algunas administraciones autonómicas y municipales (la de Barcelona entre ellas) para regular precios y frenar especulaciones. Sin duda, el aumento del parque de viviendas sociales a precio asequible resulta una de las medidas obligadas. Pero los cambios deben apuntar a la ley de arrendamientos urbanos que el PP aprobó en el 2013 y que redujo de cinco años a tres la duración mínima de los contratos y eliminó la actualización de los alquileres basada en el IPC, lo que hinchó más la pertinaz burbuja inmobiliaria.