La crisis catalana

Cimentando la República

El futuro político de Catalunya pasa por abordar un gran proceso de deliberación ciudadana sobre qué consensos básicos, más allá del derecho a decidir, definen nuestro modelo de país

Concentración de independentistas en Barcelona, el día 11 de noviembre.

Concentración de independentistas en Barcelona, el día 11 de noviembre. / periodico

JAUME LÓPEZ

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La intervención de la Generalitat por parte del Estado es, sin duda, una mala noticia para el autogobierno actual, pero puede tener paradójicamente consecuencias positivas sobre ese mismo autogobierno a medio plazo. Ha quedado evidenciado que la República catalana, o cualquiera que sea el marco institucional del futuro político de Catalunya, necesita erigirse sobre consensos o mayorías más amplias. No solo porque necesita una gran legitimidad popular sino porque, como en cualquier cambio histórico, es necesaria una gran acumulación de fuerzas para poder proponer un cambio real de envergadura.

Más allá de la cita electoral, la situación política de fondo pasa en Catalunya, ineludiblemente, por abordar un gran proceso de deliberación ciudadana sobre qué consensos básicos, más allá del derecho a decidir, definen nuestro modelo de país. Hacia dónde quiere dirigir los próximos pasos una mayoría clara de la sociedad catalana. No me refiero a un acuerdo de élites, sino a debates donde participen centenares de miles de catalanes y catalanas, con una metodología bien fundamentada, para empezar a definir de abajo a arriba el futuro del autogobierno de Catalunya. Para muchos, este ejercicio equivaldrá a fundamentar la República catalana, a desarrollar sus cimientos, dibujando los perfiles generales que deberían recogerse en una futura constitución. Otros, en cambio, verán la mejor vía para precisar la demanda de la ciudadanía catalana tras el fracaso de la reforma estatutaria.

No importa. El debate ciudadano, masivo, de calidad, sin duda nos fortalece como país, y asienta y refuerza cualquier reivindicación política que cuente con amplias bases. La República no será fruto -como hemos visto- de una declaración. Podría decirse que "la República se hace al andar", no con leyes, sino con acciones. Y especialmente propositivas, no reactivas. Pasemos de la "defensa de", a la "propuesta de". Excepto para los pocos a los que les hace una especial ilusión poseer un pasaporte catalán, el independentismo es la defensa de una herramienta política que tiene sentido para conseguir unos objetivos políticos y sociales que el actual marco institucional nos impide.

Empoderamiento social

Esos objetivos políticos y sociales han de ser muy claros para la mayoría, y han de ser definidos en debates ciudadanos que superen la dialéctica partidista y nos sitúen en un plano de empoderamiento social. Sin esa comunión entre movimiento social, poder ciudadano y representación política en las instituciones un gran cambio es imposible. Un cambio como el que defienden las dos terceras partes de los catalanes que rechazan de plano la aplicación del 155 y las continuas injerencias sobre la voluntad popular catalana en forma de sentencias del Tribunal Constitucional contra leyes aprobadas con amplias mayorías parlamentarias (pobreza energética, contra los desahucios, etc.).

Tampoco importa si le llamamos "proceso constituyente", "proceso preconstituyente", o "bases ciudadanas del futuro político de Catalunya". Lo fundamental es que dé la palabra a la ciudadanía de una manera como nunca se había hecho antes. Como requiere un cambio político trascendente y democrático en pleno siglo XXI. Se trata de poner en práctica el derecho a decidir en esta otra dimensión: dar la palabra a la ciudadanía no solo consiste en hacer un referéndum (por supuesto) sino que esta ha de contribuir sustancialmente a definir su futuro político. Sustancialmente: contribuyendo a plantear los retos a abordar como país y las prioridades, los principios y valores básicos con los que abordarlos y a prefigurar también las herramientas políticas que esos retos requieren. El 1 de octubre el derecho a decidir dejó de ser una proclama y tomó la calle, se materializó. Lo que venga ahora también debe saltar del discurso a la puesta en práctica.

El primer paso en el desarrollo de estos debates ciudadanos pasa por conseguir el apoyo de mayorías parlamentarias, la complicidad de ayuntamientos para que el debate alcance a todos los rincones del país, y la acción de organizaciones sociales que con su capacidad de movilización pueden poner a disposición de este gran reto a miles de voluntarios.

Sin conseguir nuevos acuerdos transversales, política y socialmente, sin desbordar la política institucional, el margen de maniobra de la nueva legislatura es muy estrecho. Sin un proceso muy amplio y potente, de participación ciudadana, bien organizada, para imaginar colectivamente y perfilar a grandes trazos, hacia dónde queremos ir, será difícil disponer de la fuerza necesaria para alcanzarlo. El frenazo del 155 y la represión ha sido brusco e indignante. Pero nos puede situar ante la oportunidad de disponer del tiempo y la necesidad de trabajar en unos fundamentos más sólidos para el siguiente episodio del autogobierno catalán.