Palo judicial a los recortes de Mas

En plena crisis económica, el Govern presidido por Artur Mas decidió aplicar determinadas medidas que recortaron notablemente el apoyo de la Generalitat a las políticas sociales. Una de las más impactantes fue la progresiva retirada de las aportaciones por la gestión de las guarderías infantiles, hasta llegar en el 2014 a un cero absoluto, lo cual implicaba que el coste debía ir a cargo de las otras dos partes (familias y ayuntamientos) que suscribieron el pacto para suplir los déficits educativos y asistenciales en esta etapa escolar, un acuerdo que se alcanzó en el primer tripartito de Pasqual Maragall para paliar el endémico déficit de plazas públicas.

Ante un recorte tan drástico, municipios como Cornellà decidieron llevar a la Generalitat ante los tribunales, para hacer valer los derechos adquiridos y para no tener que soportar un sobrecoste tan elevado. Ahora, una sentencia del TSJC acaba de dar la razón a Cornellà (y también a L’Hospitalet), al menos en parte, considerando como apreciada la deuda de la Administración catalana hasta el curso 2014-2015 en la cantidad de 1.300 euros por alumno, y dejando de lado, por ahora, los cursos posteriores.

La sentencia, aunque es recurrible, abre la puerta a otras reivindicaciones municipales en idéntico sentido que provocarían una grave situación en las finanzas públicas, a la vez que revertirían en beneficio del esfuerzo llevado a cabo por los ayuntamientos durante todo este tiempo.