Almudena

Ha llegado el frío. Y ella se frota las manos. El frío entra por las ventanas aunque estén cerradas. Se cuela por debajo de la puerta aunque haya echado todas las llaves de la cerradura hace rato. Ella se frota las manos. Ese sol de invierno, que en el banco de la calle calienta levemente sus nudillos, desaparece en el salón cuando atardece. La penumbra se adueña de la sala. El interruptor está sin estar. No se usa. No se acciona. No existe. Y así hasta la mañana siguiente. Cuando vuelve a entrar la luz desde fuera. Mira y remira el montón de papeles que hay sobre la mesa. Ha escuchado en la radio que diciembre comienza con una subida del 10% en la factura de la electricidad. Coge uno de los papeles que le recuerda que esta vez tampoco podrá pagar.

La pobreza energética sigue siendo una realidad en nuestro país aunque ya apenas se hable del tema. Más de cuatro millones de personas, el 10,1 % de los hogares, son como Almudena según los datos de Eurostat del 2016. Son datos pero son personas. Y se frotan las manos como ella. En la última década en nuestro país el gasto en este tipo de energía se ha disparado hasta el 37%. Sin embargo, los ingresos solo han subido en el mismo periodo un 2,7%.

Hace un año una anciana de Reus, de nombre Rosa, falleció al sufrir su vivienda un incendio por culpa de una vela que ella había encendido al no tener corriente eléctrica. Tenía 81 años. Y llevaba sin poder pagar el alquiler casi diez meses. Entonces se prometieron muchas medidas desde la política. La primera de ellas fue que nunca más habría cortes en los hogares más vulnerables. Cosa que ha seguido sucediendo. Ahora las empresas están obligadas a informar antes de hacerlo y se da cuatro meses al cliente. Salieron entonces algunos políticos muy indignados.

Esa preocupación dio lugar al primer pacto entre el PP y el PSOE al que luego se sumó Ciudadanos. Pero lo cierto es que se ha tardado un año en poner en marcha un protocolo que implica, entre otras cosas, el llamado bono social.

En el caso de familias en situaciones muy graves son los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y en concreto sus servicios sociales, quienes tendrán que asumir el coste. En algunos casos la mitad de la factura en concreto.

Sin presupuesto

Una vez más una norma nacional cargada de buenas intenciones pero sin dotación suficiente desde el Estado central. Y esta semana una juez ha dado por suspendido el protocolo de la Generalitat contra la pobreza energética. Ha dado la razón a Endesa al considerar que la prohibición del corte de suministros ante un impago invade competencias estatales.

Ha llegado el frío. Ella espera en el salón mientras cae la tarde. Lleva el abrigo puesto y una manta sobre las piernas. Y un día más se frota las manos.