Opinión | Editorial
Iceta mueve el tablero de la financiación
La propuesta tributaria del PSC demuestra que no todos los avalistas del 155 tienen la misma idea de España
La propuesta del candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, de recuperar el consorcio tributario recogido en el Estatut del 2006 marcó ayer la agenda preelectoral. Recordemos que esta ley orgánica, plenamente vigente, recoge la creación de un consorcio que agrupe a la actual Agència Tributària Catalana con los efectivos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la comunidad autónoma para recaudar todos los impuestos que pagan los catalanes con independencia de la Administración que los controla y los gestiona. Esta posibilidad sería, de entrada, un ejercicio de simplificación administrativa que permitiría mejorar el servicio a los contribuyentes y ganar eficiencia en la recaudación. Si los planes de Iceta se llevan a término, el consorcio también serviría para aliviar la tesorería de la autonomía, puesto que se podría generar directamente la caja en lugar del enrevesado sistema de los anticipos a cuenta sobre una recaudación hipotética basada en los presupuestos. Una posibilidad que permitiría igualmente acabar con el engorroso sistema del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que alivió los peores momentos de la crisis pero que no tiene sentido en épocas de normalidad.
Las reacciones ante la propuesta del candidato socialista han evidenciado otra falacia del argumentario independentista, que tiende a considerar que solo hay una idea posible de España, la que podría resultar menos atractiva para los intereses de los catalanes. Las autonomías gobernadas por el PP y el equipo electoral de Ciudadanos han recurrido rápidamente al sufrido argumento de la necesidad de evitar cualquier forma de «privilegio» para los catalanes, especialmente ahora que sus dirigentes se han portado de manera desleal. Pero, como ha explicado la dirección federal del PSOE, la propuesta ya ha pasado por el Tribunal Constitucional y está también incluida en el estatuto de autonomía de Andalucía. Además, cualquier otra comunidad la podría adoptar si fuera su voluntad. También han saltado voces críticas entre algunos barones socialistas que miran en este caso a más corto plazo que sus dirigentes nacionales. El tablero, pues, está suficientemente agitado para que se vea que no todos los avalistas del artículo 155 tienen la misma idea de España y son incapaces de empatizar con los votantes catalanes.
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