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Pulso soberanista

Una mujer camina con su carro de la compra ante la entrada de un hipermercado.

El boicot

Ramon Xifré

El 'castigo' de no comprar productos catalanes se expande a todo el mundo que trabaja para empresas de Catalunya, piense como piense y sea de donde sea

Las cuestiones económicas relacionadas con el conflicto político que se vive actualmente entre Catalunya y España no son exactamente las que se habían anticipado. Con ingenuidad -o bien, en los peores casos, con la intención de engañar a la gente-, los defensores de la independencia por la vía rápida dibujaban hace poco escenarios donde la fuerza de los hechos consumados y el interés de todos preservar el estabilidad jugarían a favor de la causa. Podríamos decir "adiós" a España para empezar a construir la Dinamarca del sur, con la cooperación de países, empresas e instituciones para progresar conjuntamente. Los perjudicados, principalmente el resto de España, entenderían bien que les convenía adaptarse al nuevo orden y todo el mundo estaría de acuerdo en hacer una transición lo más corta e inocua posible.

Ha resultado que el Estado no ha colaborado con el procés. No solo eso, sino que ha contraatacado. Una parte de la reacción del gobierno del PP -negarse al debate político y transferir el expediente a los jueces y policías- ha sido tan previsible como decepcionante. Ahora bien, las cargas contra los ciudadanos del 1 de octubre van más allá del nivel habitual de irresponsabilidad y son intolerables, además de un error monumental. Transmiten la imagen de un estado inseguro que aplica la fuerza sobre el punto más débil. La respuesta posterior del Govern y el Parlament de Catalunya, cuando podían administrar el gran capital de reputación internacional que les entregaron los votantes del 1-O, tampoco ha sido lúcida. ¿Qué se ha conseguido con la DUI, si no llegó a existir? ¿Qué se podrá proponer para el futuro?

Un castigo general

En este contexto de crispación aparecen comportamientos absurdos como la llamada al boicot de productos catalanes. No es la primera vez que desde algunos lugares de España se pretende recortar las aspiraciones políticas de Catalunya mediante boicots. Económicamente, la cuestión no se aguanta en absoluto. En primer lugar, como alertan algunos proveedores de empresas catalanas, el castigo del boicot no se queda en Catalunya sino que se expande a todo el mundo que trabaja para empresas catalanas, piense como piense y sea de donde sea.

En segundo lugar, se pueden desencadenar reacciones en sentido contrario o compensatorias y que los catalanes dejen de comprar productos no catalanes. Finalmente, es todo un absurdo desde un punto de vista político. Un boicot solo se aplica a los otros, el rival extranjero que se quiere castigar políticamente. Una ironía más del procés, por lo tanto: quienes llaman al boicot son separatistas que actúan expulsando Catalunya de España.

El procés ha sido largo, agotador y doloroso para algunas personas, y, de momento, económicamente perjudicial para Catalunya y España. Da la sensación de que unos y otros han cometido un error imperdonable en política: utilizar argumentos y vías equivocadas para lograr objetivos legítimos, alimentando agravios, populismos y desconfianzas. Lo peor es que no se ve claramente cuándo y cómo saldremos. Mientras no revirtamos esta situación de incertidumbre económica y de interinidad institucional, el peor boicot parece que nos los hacemos nosotros mismos.

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