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Campaña desde Bruselas

Pasada la fase de autocrítica, el independentismo apuesta por dibujar al Estado español como autoritario

Carles Puigdemont, en Bruselas, el pasado 31 de octubre.

Carles Puigdemont, en Bruselas, el pasado 31 de octubre. / periodico

Ya es definitivo que la campaña electoral  del 21-D va a estar muy marcada por la presencia del president de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, en Bruselas. El número uno de la lista del PDECat Junts per Catalunya compareció ayer, junto a los otros cuatro exconsellers, ante el juez belga que estudia la demanda de entrega solicitada por España. El juez escuchó los argumentos de la fiscalía belga a favor de la aplicación de la euroorden y convocó el 4 de diciembre a Puigdemont y a los exconsellers para que presenten sus alegaciones. Entre el tiempo que requerirá que el juez tome la decisión y los consiguientes recursos, es previsible que el desenlace se alargue hasta después del 21 de diciembre. Así pues, el líder de una de las listas no estará presente en Catalunya durante la campaña electoral.

Resulta obvio que no es beneficioso para que las elecciones se desarrollen en un ambiente de normalidad que uno de los candidatos se encuentre en el extranjero, como tampoco lo es la prisión preventiva de los otros exconsellers y de Jordi Sànchez, si no se revoca antes del inicio de la campaña. Tanto Junts per Catalunya como ERC han ultimado sus listas electorales, y en ellas aparecen los presos y los autoexiliados, así como destacadas figuras de la sociedad civil de ámbitos como la academia, el periodismo, el deporte y la cultura. Este hecho no oculta la división con la que el independentismo afronta el 21-D, ni el hecho de que, pasada la fase de la autocrítica  (alguna sincera, otra más impostada),  el mensaje que emerge con fuerza es el de dibujar al Estado español como un ente opresor y autoritario. Es en este sentido ya electoralista que cabe entender las declaraciones de Marta Rovira –bendecida desde prisión por Oriol Junqueras como la próxima presidenta de la Generalitat– en las que afirmó que el Gobierno de Mariano Rajoy amenazó al Govern con «muertos en las calles». No ofreció pruebas de ello Rovira, y vistos los antecedentes es lícito preguntarse si la afirmación tiene la misma verosimilitud que cuando desde su partido se defendía la independencia inmediata y low cost.  Esta campaña debería dirimir las responsabilidades de aquellos que han llevado a Catalunya a la peor crisis política en 40 años. Perseverar en la estrategia de exageraciones y propaganda que nos ha traído hasta aquí es un error que no debe consentirse.