El independentismo recula

Después de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declarara ante el juez que la declaración de independencia fue «simbólica», una parte importante del independentismo parece que, por fin, afronta la realidad tras dos años de medias verdades, propaganda y ensoñaciones. Joan Tardà admitió ayer que no hay una mayoría social en Catalunya que permita tirar adelante el proyecto de la independencia, y Toni Comín, uno de los exconsellers huidos a Bruselas, reconoció que el independentismo ha preferido «escuchar la parte del relato más épica, más emocionante y más bonita» en lugar de las voces que alertaban de las consecuencias de intentar romper un Estado de la UE en el siglo XXI. Son solo dos ejemplos del giro que el independentismo está dando a su estrategia después de que la vía unilateral que ha marcado la hoja de ruta los dos últimos años haya demostrado ser una vía muerta que no ha traído la anunciada República catalana sino la suspensión del autogobierno, la fuga de empresas, gravísimos procesos judiciales y un importante daño político y social a la ciudadanía catalana.

Hasta no hace mucho (hasta hace apenas unos días, de hecho), decir algunas de las cosas que Tardà, Comín y otros líderes del independentismo han afirmado suponía ser considerado de inmediato como traidor a la causa soberanista y a Catalunya misma. Hoy, a pesar de la influencia en el discurso político de las intolerables cargas policiales del 1-O y del encarcelamiento de los Jordis y de gran parte del Govern, ERC y PDECat buscan cómo plasmar este giro (independencia sí, pero sin plazos) en los programas electorales del 21-D. En este sentido, que Carles Puigdemont continúe con el simulacro del Govern en el exilio en Bruselas no  deja de ser una incoherencia. Otra más.

El independentismo llega al 21-D con el objetivo de recuperar un terreno en el autogobierno que ha perdido a causa de la deriva unilateral. El cambio de rumbo, una reculada en toda regla, que está en marcha debe ser recibido con generosidad y merece reconocimiento. Al fin y al cabo, supone devolver el debate político al marco del que nunca debería haber salido, el de la legalidad. Tal vez ahora no sea momento de pedir ni de rendir cuentas. Pero algún día habrá que hablar del daño infligido y de sus responsables.