Responsabilidad y Estado de derecho

Los tiempos de la política no son los de la justicia. Hoy, la estrategia unilateral del Govern de la Generalitat fuera del ordenamiento constitucional y estatutario que se plasmó en dos leyes (la del referéndum y la de transitoriedad), una consulta (la del 1-O) y una declaración de independencia en el Parlament (el 27 de octubre) llega a la Audiencia Nacional. Allí, la jueza Carmen Lamela (la misma que lleva el caso contra los dirigentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) ha citado hoy y mañana a declarar en calidad de investigados al depuesto president Carles Puigdemont y a los 13 consellers de su Govern. Ante el Tribunal Supremo están citados también la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de la asamblea. La fiscalía, en su querella, les acusa de delitos muy graves, como los de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Desde Bruselas, Puigdemont y los cuatro exconsellers que continúan con él (Meritxell Borràs, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Meritxell Serret) han pedido declarar desde la capital belga. En un comunicado en el que se autoproclaman el «Govern legítimo de Catalunya» denuncian sufrir un «juicio político». En cambio, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, el resto de consellers, Forcadell y los integrantes de la Mesa del Parlament sí se presentarán en la Audiencia Nacional y el Supremo. Resulta improcedente la afirmación de Puigdemont de que solo volverá a Catalunya si se le dan garantías, cuando la mayoría de los otros querellados han anunciado que se personarán. La responsabilidad de Puigdemont como cabeza del Govern que diseñó y lideró la vía unilateral hacia la independencia es presentarse ante las autoridades judiciales junto al resto de su Consell Executiu, y no mantener durante más tiempo esta situación ambivalente de supuesto medio Govern en el exilio de Bruselas.

Cabe repetirlo una vez más: España es un Estado de derecho que cumple con los estándares de las democracias avanzadas. Nada justifica intentar rehuir las obligaciones ante la justicia, dilatarlas o convertir el procedimiento judicial en un ariete para seguir impulsando un proyecto político que es legítimo, pero que la realidad ha demostrado que era una vía muerta. Puigdemont debe comparecer junto a su Govern y defenderse ante los tribunales. Con todas las garantías.