Análisis

Estrategias políticas en la judicialización del 'procés'

La intersección entre política y justicia va a ser ahora un elemento constante

PABLO J. CASTILLO ORTIZ

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Hace mucho tiempo que el procés independentista en Catalunya no es ajeno a la lógica judicial. Sin embargo, el paso de la justicia constitucional a la justicia criminal es una rotunda expresión de cómo la situación política al respecto de aquel se ha ido enrareciendo y, por decirlo con claridad, degenerando. En los próximos meses, la intersección entre política y judicatura va a ser un elemento constante de la actualidad. Querría llamar la atención, a este respecto, sobre tres elementos que creo que van a ser fundamentales para entender estas dinámicas de judicialización.

El primero de ellos son las estrategias de enmarcado político de los tribunales y su actividad. Los políticos elaboran estrategias retóricas para presentar la actividad judicial ante la opinión pública de la manera más favorable. En este sentido, los actores no independentistas ya han comenzado a desarrollar narrativas legalistas, que enfatizan la acción del Estado de derecho y de una justicia para la que todos somos iguales ante la ley. En las próximas semanas recalcarán la independencia y neutralidad de los órganos judiciales, para reforzar su legitimidad. 

Al contrario, los actores independentistas probablemente denunciarán la politización del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, enmarcándolos como órganos represivos del Estado. En este sentido, la narrativa sobre la Audiencia Nacional como órgano heredero del franquismo es más que previsible, así como la explotación discursiva de las -existentes- disfunciones de la justicia española. 

Un segundo elemento es el relativo a las posibles estrategias de los querellados para eludir la acción de los tribunales. En este sentido, una posible solicitud de asilo en Bélgica hubiera tenido tanto de estrategia personal de los querellados para salvaguardar su libertad como de estrategia política de los actores independentistas para obtener una victoria moral.  La concesión de asilo por parte de una democracia avanzada como Bélgica vendría a implicar que España es un Estado donde se persigue a ciudadanos por realizar una acción política legítima. Habría afectado a la imagen de España como democracia respetuosa del Estado de derecho y la independencia judicial. 

Connivencia y ruptura

Tercero, tal vez el punto más interesante tiene que ver con la estrategia de litigación que adoptarían los querellados en caso de tener que sentarse frente a un tribunal. Aquí cobra relevancia la distinción del siniestro abogado Jacques Vergès entre estrategias de connivencia y de ruptura. La estrategia de connivencia supone por parte del reo una aceptación del sistema judicial por el que puede ser condenado, a fin de usar esa legalidad para minimizar o incluso eludir la pena. La estrategia de ruptura, en cambio, supone negar legitimidad al tribunal juzgador. Se dificulta obtener una pena menor, pero a cambio se trata de maximizar el daño al sistema político en que dicho tribunal se inserta. Esta estrategia radicaliza la idea de convertir la arena judicial en un campo de batalla político.

¿Asumiría Puigdemont, llegado el caso, una prosaica estrategia de connivencia para minimizar su pena, o llevaría la narrativa del procés hasta el extremo, negando toda legitimidad a los tribunales españoles a costa de una defensa potencialmente menos efectiva?