Los que se fueron ya pueden volver

Se acabó el mambo y ahora va en serio. Todo el poder del Estado, toda una forma de ejercer este poder para ser más exactos, ha dado un golpe de autoridad sobre la mesa y a partir de este momento se restablecerá la normalidad. Así, por decreto. Esa parece ser la forma de actuar del Gobierno de Mariano Rajoy, aplicando aquella extraña forma de poder que consiste en creerse que porque ya se ha tomado una decisión, o dado una orden, esta ya se ha cumplido. 

Tan convencido pareció Rajoy de los efectos balsámicos para la economía de la aplicación del artículo 155, que en la misma presentación solemne del acuerdo del Consejo de Ministros extraordinario hizo incluso un llamamiento a las empresas catalanas (no las citó geográficamente, pero era obvio) para que se estén quietas y no hagan más movimientos de sedes. Ya no hace falta, insinuó. Solo le faltó añadir un poco más de optimismo y abogar con la misma claridad por el retorno a Catalunya de las que se han ido. Siguiendo su lógica, sería lo más normal ahora que ya se ha solucionado el problema. Tiene su gracia que esto lo diga el presidente del mismo Gobierno que no dudó en forzar los calendarios para aprobar de prisa y corriendo un alambicado decreto ley que facilita al máximo el traslado de sedes sociales de empresas de una autonomía a otra. Con la recién estrenada normativa, solo hace falta que en los estatutos de una empresa no conste explícitamente que el consejo de administración no puede aprobar por si solo un cambio de sede para que pueda decidirlo.

Con estas facilidades, con una música de terror de fondo en la que sonaban todas las notas negativas de una hecatombe económica si se aprobaba la DUI, con el impulso de las grandes compañías catalanas del Ibex emprendiendo la huida (con argumentos más o menos justificados según su actividad), la ola de empresas hacia otras autonomías se hizo inmensa. Porque, aunque se quiera minimizar, más de un millar de traslados de compañías es una cifra preocupante.

Pero ahora todo esto ya es agua pasada. Un solo artículo, el 155, devolverá la tranquilidad a los mercados, a los depositantes de los bancos y a las empresas que no veían claro el futuro de su negocio en Catalunya y todos contentos. Si realmente sucede así, Puigdemont y los suyos deberán reflexionar. Si continúa el goteo de traslados, quizá Rajoy tendría que pensar que alentó un movimiento que ahora es muy difícil de parar y cuyas consecuencias son también inciertas. 

Un efecto colateral del decreto que fomenta el cambio de sedes: el papel de los accionistas ha quedado nuevamente reducido, en este caso a la hora de tomar una decisión que ya se está viendo que es más importante de lo que parece, como es el traslado del domicilio social.