Opinión | Editorial

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Auto judicial con efectos políticos

El tiempo se le agota a Puigdemont, que el jueves debe aclarar con qué legalidad gobierna la Generalitat

Carles Puigdemont, ayer, en el Parlament.

Carles Puigdemont, ayer, en el Parlament.

El envío a prisión de los presidentes de Òmnium Cultural y de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) cerró ayer otra trepidante jornada en el complejo tablero catalán. A petición de la Fiscalía, la juez Lamela decretó la prisión incondicional para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, acusados de un delito de sedición por las concentraciones que retuvieron a los agentes de la policía judicial en la conselleria de Economia el pasado 20 de setiembre. Quedaron en libertad con medidas cautelares el major Trapero y la intendente de los Mossos. Minutos después se puedo escuchar una importante cacerolada en las calles de muchas ciudades catalanas. Una reacción que con seguridad la misma juez era consciente de que se produciría porque estaba preparada y organizada con lo cual hay que suponer que las pruebas que acumula son concluyentes y justifican esta medida preventiva. La justicia tiene una lógica que no es política aunque los hechos juzgados en este caso alimenten permanentemente la confusión como lo demuestra el extraño papel de Cuixart y Sánchez en la organización del referéndum suspendido por el TC. Los hechos, pues, los desafíos legales tienen consecuencias que la política ya no puede controlar aunque sí lo podría haber hecho la fiscalía. 

Mientras, otro reloj sigue corriendo. Puigdemont no aclaró en su carta de respuesta si ha declarado la independencia o no. Y el Gobierno de Rajoy no consideró definitiva su respuesta y se mantiene a la espera de lo que conteste al segundo requerimiento cuyo plazo termina el jueves. El día acabó una vez más sin una salida al problema aunque el tiempo sigue corriendo, tanto para la materialización de la suspensión de la autonomía a través del artículo 155 como para ir comprobando el impacto del desasosiego político en la actividad económica. Ayer le tocó el turno a Codorníu, que se trasladó a La Rioja. Un goteo incesante que no consiguen revertir los anuncios virtuales de la creación de nuevas y confusas estructuras de estado.

Estamos llegando al final del trayecto en esta etapa. Solo la explícita vuelta a la legalidad autonómica puede hacer posible el diálogo que demanda el independentismo . Y, probablemente, la única manera de reconducirlo sea adjuntar o preceder a la respuesta definitiva a Rajoy una convocatoria de elecciones en base al Estatut vigente.