Los detenidos salen en libertad

La fase inicial de la operación para  investigar la organización del referéndum de la Generalitat suspendido terminó este viernes al mediodía. Finalmente, los 14 arrestados quedaron en libertad con cargos. Concretamente se les investiga por malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación. La Fiscalía descartó atribuirles un delito de sedición como pretendía la Guardia Civil y también evitó la petición de prisión provisional. La proporcionalidad de las medidas finalmente declaradas no evita cuestionar algunos procedimientos, como llevar a declarar a los investigados esposados cuando no se les conoce ni atribuye antecedente alguno de conducta violenta. La salida del calabozo de los investigados ha desactivado igualmente las concentraciones que se querían permanentes de la ANC y de Òmnium a las puertas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y de la Ciutat de la Justícia. Un episodio más de las paradojas que se producen al mezclar la justicia con la política.

Es obvio que las cosas no van a acabar aquí. Pero este nuevo episodio inédito en la crisis catalana exige una mínima reflexión. La mayoría parlamentaria que sustenta a Carles Puigdemont debería moderar sus gesticulaciones. Hablar de represión para explicar la respuesta del Estado de derecho a lo que ellos mismos han llamado desobediencia resulta cuanto menos paradójico. No hay que olvidar que algunos de los pasos que se han dado y la manera como se han dado han sido directamente exigidos por la CUP para que implicaran la ruptura del orden constitucional. Cometer un delito a sabiendas puede ser una estrategia política pero nadie puede esperar que no le persigan por ello. Otra cosa es que desde el Estado sea exigible también una reflexión sobre las formas. La presión social no puede alterar el trabajo de jueces, fiscales y policías pero tan importante como cumplir con su misión es hacerlo de manera que no se ponga en juego el apoyo de los ciudadanos. 

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Pero mientras se cierra un frente, se abre otro. Ayer la Fiscalía abrió en la Audiencia Nacional el de la persecución de un posible delito de sedición, no en la manifestación de los ciudadanos pero sí en la organización de la protestas. Tras dejar inoperativo al Govern todo apunta que ahora el objetivo es hacer lo propio con la ANC y Òmnium.