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Editorial

EL PERIÓDICO, con el autogobierno

El reto del 1-O y la respuesta del Estado ponen en jaque el derecho a la autonomía de todos los catalanes

Concentración frente la Conselleria dEconomia.

Concentración frente la Conselleria dEconomia durante el registro de la Guardia Civil. / RICARD FADRIQUE


En estos momentos tan críticos y crispados, Catalunya y el resto de España se hallan, con toda seguridad, ante una encrucijada histórica. EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, fundado hace 39 años mientras se gestaban la Constitución española y el Estatut de Sau, comparte con sus lectores y el conjunto de la ciudadanía una honda preocupación ante esta espiral de la confrontación entre la Generalitat y el Estado. Un conflicto político pacientemente sembrado de exageraciones y menosprecios, de provocaciones mutuas y, ante todo, de una ominosa incapacidad de la política para resolver las diferencias mediante la democrática herramienta de un diálogo amparado por la ley.

El temido choque de trenes estaba cantado desde que el Parlament, en una sesión plenaria de infausto recuerdo, emprendió el rumbo definitivo de colisión al aprobar las leyes de desconexión, aberración jurídica que en la práctica abolía la Carta Magna y el Estatut en territorio catalán. Esa fue la espoleta de una reacción en cadena metódicamente diseñada por el Gobierno de Mariano Rajoy, resuelto a restablecer la vigencia del Estado de derecho en Catalunya impidiendo, por todos los medios legales a su alcance, la celebración del referéndum de independencia programado para el 1 de octubre.

Suspendidas estas normas por el Tribunal Constitucional, se han asestado severos golpes policiales a los preparativos de la consulta y se ha requisado abundante material propagandístico, al tiempo que el fiscal interponía querellas contra altos cargos del Govern y abría diligencias contra todos los alcaldes comprometidos con el 1-O. Pero han sido los registros de la Guardia Civil en sedes de la Generalitat y el arresto de altos cargos políticos los que han llevado a las entidades soberanistas a movilizar a sus fieles para tomar la calle en señal de protesta. O lo que es lo mismo: a plantar cara a las fuerzas de seguridad del Estado para defender, desde su óptica, las instituciones catalanas.

Sin perjuicio de la eficacia para abortar el referéndum que puedan tener estas detenciones, ordenadas con arreglo a la ley por un juez instructor de Barcelona, la espectacular escenificación de la operación policial ha sido acogida por muchos catalanes como una grave afrenta. La indignación social ha rebasado el perímetro del independentismo para extenderse a sindicatos, rectores, estudiantes, colegios profesionales e instituciones tan emblemáticas como el Futbol Club Barcelona. Un clamor casi unánime que debería llevar al Ministerio del Interior a medir bien sus futuros pasos, salvo que la contundencia exhibida buscase precipitar una movilización callejera que tarde o temprano se iba a producir. En todo caso, los aires de insurrección que están adquiriendo estas protestas, como termómetro de la temperatura social, merecen una profunda reflexión política por parte de los dos gobiernos en liza.

En lógica reciprocidad, la sobreactuación policial ha dado pie a una réplica de la Generalitat igualmente inflamada. Porque sostener, como han hecho Carles Puigdemont y Carme Forcadell, que el Estado «ha suspendido de facto el autogobierno» para imponer un «estado de excepción» constituye, más que una hipérbole, una falacia. Con o sin detenciones, la Generalitat y el Parlament mantienen intactas sus atribuciones constitucionales y estatutarias, salvo acaso una autonomía financiera a la que el Govern ya tuvo que renunciar hace cinco años al no poder endeudarse en los mercados. Otra cuestión es que las leyes vigentes no autoricen a Catalunya a sufragar una consulta ilegal, ni a escindirse unilateralmente de España. Lo que no es ningún estado de excepción, sino el Estado de derecho.

La dinámica de acción-reacción desatada por el 1-O y respondida con firmeza por el Gobierno puede, en efecto, poner en jaque el derecho a la autonomía de todos los catalanes. Desde su ideario catalanista, ajeno a vaivenes, EL PERIÓDICO mantiene inquebrantable su compromiso con el autogobierno de Catalunya. Y, como altavoz de una gran mayoría de los catalanes, apela a los gobiernos enfrentados a cesar esta escalada de tensión y negociar ya una solución política que preserve la fraternidad y la convivencia.
 

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