Un problema político español

Uno de los pilares del discurso independentista es la afirmación de que España es monolíticamente contraria a cualquier tipo de entendimiento con las demandas soberanistas. Es cierto que la visión de España uniforme y uniformizadora del PP –con el apoyo del sector centralista del PSOE y el más reciente de Ciudadanos– es la predominante desde que las famosas promesas de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el Estatut quedaron en agua de borrajas (por no remontarnos más en el tiempo). Pero aceptar este hecho –plasmado en las recogidas de firmas y los recursos contra el Estatut y el inmovilismo de Mariano Rajoy ante el procés desde el 2012– no debe llevar a cerrar los ojos a los movimientos que se están dando en la política española y que desmienten la imagen de bloque homogéneo.

Ayer, el PSOE tumbó en el Congreso una proposición no de ley de Ciudadanos de apoyo a las acciones del Gobierno y de los tribunales para frenar el 1-O.  Poco antes, el PSOE había exigido a Rajoy que «deje de esconderse detrás de las togas» y diga «sin ambigüedades» si piensa suspender la autonomía de Catalunya o aplicar la ley de seguridad nacional. Ambos hechos llegan el mismo día en que la Junta de Portavoces del Congreso aprobó la comisión territorial impulsada por el PSOE y un día después de que Podemos presentase su propuesta de una asamblea de cargos públicos sobre Catalunya, una forma de convertir el 1-O en una protesta masiva contra Rajoy.

El rechazo del PSOE a la propuesta de apoyo a Rajoy se basa en que Ciudadanos no quiso incluir una enmienda que llamaba al diálogo y a buscar una «salida pactada y legal». Planteada la crisis política actual como un choque de instituciones, legitimidades y soberanía, los bandos son muy homogéneos. Pero si se plantea en términos de diálogo y negociación sobre el encaje de Catalunya en España, las fronteras son más porosas. La ruptura del llamado bloque constitucional de ayer en el Congreso  y la manifestación en Madrid a favor del derecho a decidir de Catalunya son síntomas de que, dentro de la ley, con  lealtad institucional y lejos del inmovilismo, hay terreno de juego en el que hacer política. Y constituyen también un aviso al PP: el problema catalán es ya un grave problema español que con la falta de acción política solo puede empeorar, si cabe.