Dos miradas

La gravedad

La deriva del absolutismo legalista amenaza la precaria salud de la democracia española. Aquí radica la gravedad de la cuestión

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. / periodico

JOSEP MARIA FONALLERAS

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No es lo mismo una publicación privada, tan cargada de ideología como se quiera, que el BOE. Son estratos diferentes. Una amiga, con quien diverjo sobre el proceso soberanista y con quien hablo civilizadamente de las divergencias, me las compara a raíz de mi comentario sobre la publicación en el BOE de la admisión a trámite de los recursos contra la ley del referéndum. Ella es una sensata persona de izquierdas, pero pone al mismo nivel las dos publicaciones.

Le digo que no es lícito hacer este paralelismo, porque, entre otras cosas, hay en danza una cuestión de eficacia jurídica. La página del BOE señala a los futuros hipotéticos infractores, unos 70 altos cargos, y, además, a los 947 alcaldes de Catalunya, más de 700 de los cuales ya han sido citados a declarar bajo presión policial. Es una práctica ciertamente inaudita y con ecos totalitarios, le digo, más allá de las insólitas amenazas explícitas del Ejecutivo y la Fiscalía al ciudadano que decida apoyar a la consulta. Las leyes o las prevenciones, los prejuicios ad hominem, son, por definición, contrarias a las dinámicas democráticas, porque una ley debe entenderse como un universal y su infracción siempre será futura, sin que el legislador sepa quiénes serán los infractores. No debería de poder advertir de nada, pues.

La deriva del absolutismo legalista amenaza la precaria salud de la democracia española. Aquí radica la gravedad de la cuestión.