La tentación bonapartista

El Parlament aprobó una ley de referéndum que orilla una Constitución democrática y el propio Estatut, que requiere una mayoría cualificada de dos tercios (o sea, 90 diputados, no 72) para aprobar su reforma. Y los síntomas de que se ha entrado en terreno peligroso están ahí. El primero es que ayer se recurrió al mismo sistema de urgencia y de excepcionalidad con la ley llamada de transitoriedad, de ruptura con España, que en todo caso solo entraría en vigor el 2 de octubre. En el supuesto de que se celebrase el referéndum, de que el resultado fuera válido y de que se impusiera el sí. Parece mentira, pero es verdad. ¿Por qué?

Más preocupante es que se están restringiendo los derechos de los diputados de la oposición en asuntos tan elementales como presentar enmiendas a la totalidad o pedir el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que el miércoles, por unanimidad, afirmó que eran derechos preceptivos. La portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, vino a decir que la mayoría era la mayoría y que el artículo 81.3 permitía que muchas decisiones correspondieran al pleno y no a la mesa del Parlament. Flotó la sombra de un bonapartismo mayoritario y escuché con atención y preocupación las intervenciones de Carlos Carrizosa (C’s), Ferran Pedret (PSC) y Joan Coscubiela (ICV), que fue aplaudido, puestos en pie, por todos los diputados no independentistas, desde el PP a los excomunistas que abogan por un referéndum legal, cuando dijo que defendía los derechos de todos los diputados, incluso los más opuestos, porque sus padres (CCOO) habían luchado por la democracia. La cara de los miembros del Govern era un poema. No les están yendo bien unos plenos que ponen de relieve la tentación bonapartista. Y Coscubiela remachó cuando –sin citarlo– recordó que el 'conseller' Santi Vila dijo que no era partidario de aprobar la ley de transitoriedad antes del 1-O, pero que la CUP…

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El papel de los alcaldes

Pero el Parlament no es el único escenario del cisma interno catalán y del choque de trenes con el Gobierno de Madrid. Mientras la fiscalía catalana abría una causa contra los 'consellers' que han convocado el referéndum, Rajoy solicitó al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de la ley, la comunicación y apercibimiento a los firmantes y el aviso a todos los alcaldes catalanes, a los que la Generalitat ha pedido colaboración en el referéndum. Y, en efecto, el Constitucional suspendió ayer la ley.

¿Qué harán los alcaldes? Parece que de todo habrá en la viña del Señor. Desde Badalona, Vic y Girona (por la labor) hasta Tarragona y Lleida (que se inclinan por lo contrario). Y será relevante Barcelona, tanto por su importancia como por la personalidad de la alcaldesa. De momento, prudente, Ada Colau ha pedido un dictamen jurídico al secretario municipal mientras Xavier Trias, el exalcalde, la presionaba desde TV-3.

La crispación a subido. E irá en aumento. ¿Será posible recuperar cierta normalidad el 2 de octubre?