Análisis
Jugando con la credibilidad
La Generalitat podría haberse ahorrado el bochorno de tener que admitir lo que negaba
Jesús A. Núñez Villaverde
Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
JESÚS A. NÚÑEZ VILLAVERDE
Pocas cosas han tenido más fáciles los responsables políticos y policiales de la Generalitat, en la gestión del trágico atentado de Barcelona, que la forma de salir al paso de la información que se hacía eco del aviso que la inteligencia estadounidense les había hecho llegar el 25 de mayo sobre un posible atentado en la Rambla.
Les bastaba con haber reconocido, desde el primer momento en que se dio a conocer en este medio, que, efectivamente, habían recibido un documento de inteligencia y que, tras su valoración, se entendió que no aportaba nada en términos de investigación operativa. Les bastaba igualmente con hacer ver que el contenido del documento era tan inconcreto –decir atentado, Barcelona, verano y Rambla no aporta mucho de valor inmediato a quienes trabajan para abortar preparativos terroristas en una España que está en la lista de objetivos del terrorismo yihadista desde hace años– que se consideró que no era necesario añadir nada sustancial a lo que ya se venía haciendo en un país que está desde hace tiempo en el nivel de alerta 4. También podían señalar la debilidad del comunicado recordando simplemente que la Rambla solo fue el escenario luctuoso elegido por los terroristas como resultado del desbaratamiento del plan original y que, por tanto, nadie habría podido abortar una acción tan improvisada.
Afán por una imagen inmaculada
Y de ese modo se habrían ahorrado el bochorno y la pérdida de credibilidad que ahora están sufriendo al tener que reconocer lo que han negado repetidamente sin necesidad. En su afán por presentar una imagen inmaculada de su gestión y de la capacidad operativa de sus servicios policiales –con una muy estudiada escenificación 'estatal' y una chocante apelación al «éxito» en una situación en la que se contabilizan 16 muertos y han sido «abatidos» seis terroristas–, debieron considerar conveniente eliminar cualquier mancha que pudiera enturbiar el mensaje.
Y así, ahora se encuentran en una difícil coyuntura de la que tratan de salir por una vía equivocada: matar al mensajero. Apelar a estas alturas a poco menos que una conspiración interesada en hundir a la Generalitat y escarnecer a los Mossos suena tan rancio como ineficaz. Sea una transcripción –para proteger a la fuente, por exigencia de esta o por simple apresuramiento– o un documento original, es obvio a estas alturas que algunos de los máximos representantes de la Generalitat han mentido, incluso de manera que cabría calificar de infantil, al insistir en que la CIA no se comunicó en ningún momento con ellos (como si eso cerrara otras vías para hacerles llegar el mensaje) y que el documento tenía una «débil credibilidad» (cuestionando, por tanto, a la fuente, cuando en realidad quizá se quería decir «débil operatividad»). Y también lo es entender que el atentado no se habría podido evitar aunque su contenido hubiera provocado una valoración distinta de la registrada. Por eso resulta penoso que se haya jugado con la credibilidad de una institución política queriendo aparentar lo que no es.
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