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contrapunto

Pasajeros en el aeropuerto barcelonés, ayer.

Privatizaciones y efectos nocivos

Salvador Sabrià

Uno de los efectos colaterales del conflicto social que se ha creado con la huelga del personal de seguridad del Aeropuerto de Barcelona ha sido la constatación de que no siempre, ni mucho menos, las privatizaciones de servicios acaban funcionando mejor que si lo opera un ente público. De entrada, hay que tener muy en cuenta que solo se privatiza una actividad si hay posibilidad de hacer negocio con ésta, ya que en caso contrario difícilmente se presentaría ninguna empresa para optar a este servicio. Y que, además, las compañías que opten a estos concursos lo harán siempre aplicando unas condiciones a sus trabajadores (la mayor carga económica en muchas de estas actividades) peores de las que tenían los empleados públicos que las ejercían antes del cambio.

Desde el otro lado de la barrera se dice siempre que las cuentas saldrán porque el sector privado es más eficiente, con menos trabas para adaptarse a los cambios, más flexible... Pero la lista de hospitales, bancos, empresas de todo tipo, con una gestión totalmente privada que han acabado teniendo que ser rescatados por el Estado es larguísima y cuestiona buena parte de los elogios a las privatizaciones. En España somos los reyes a la hora de vender lo público. Desde las eléctricas, hasta las autopistas previamente rescatadas y saneadas, hasta incluso las aerolíneas o las empresas automovilísticas. Con el agravante de que muchas de estas firmas han acabado en manos de empresas cuyo primer accionista son estados, como Francia, Italia o Alemania, o incluso emiratos árabes en algunos casos. 

El premio a la incoherencia se está rifando estos días en El Prat. Ahora resulta que el Gobierno opta por la Guardia Civil como la gran solución para evitar los efectos de la huelga de los trabajadores de Eulen sobre los sufridos viajeros. La misma Guardia Civil que en su momento ya había realizado estas labores y que dejó de hacerlo porque la autoridad de turno consideró que sería mejor privatizar el servicio.

CCOO ha rechazado de plano el argumento oficial de que ahora era necesario dar este paso dado el estado de alerta terrorista considerando que esta excusa no es creíble, ya que la citada alerta hace muchos meses que está en vigor. El secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, ha ido incluso más lejos y ha advertido de que el conflicto de El Prat es solo la punta de un iceberg que incluye también a personal de seguridad de estaciones de ferrocarril y centrales nucleares, entre otros. No es de recibo, tampoco, acusar ahora de irresponsables a unos trabajadores porque mantienen una dura huelga, mientras no ha habido ningún problema con ellos mientras no protestaban para dejar en sus manos casi la seguridad antiterrorista, según la versión actual. Habrá que ver si en el desenlace final del conflicto acaba primando más el negocio o las condiciones laborales dignas.

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