Reto independentista
Aténgase a las consecuencias
Lo que sorprende visto desde fuera es la extrema prudencia del Estado para no pasarse un pelo de la raya
Hace años que se lanza con mucha ligereza la acusación de que se está judicializando la vida política en Catalunya porque se procesa a cargos públicos que incumplen manifiestamente las leyes. Esto no debería sorprender a nadie porque es lo esperable en un Estado de derecho donde el poder judicial controla al político cuando este se salta el marco de la ley.
Las sentencias contra Mas, Homs, Ortega y Rigau por la consulta soberanista del 9-N son muy claras en este sentido. Intentar convertir lo que es normal en cualquier país democrático, con división de poderes, en motivo de escándalo es la estrategia favorita del separatismo. En los últimos días se ha intentado presentar como ilícitas e ilegales las investigaciones e interrogatorios que está efectuando la Guardia Civil sobre los preparativos del anunciado referéndum del 1-O. El Govern ha intentado dramatizar el asunto presentando una denuncia, pero el juez instructor del caso ha ratificado que conocía de antemano todas las actuaciones y que el instituto armado está cumpliendo escrupulosamente sus funciones de policía judicial.
Los políticos separatistas viven sumidos en la esquizofrenia. Por un lado, se burlan del Estatut y la Constitución, y se jactan de que son muy astutos para engañar al Estado ("habrá urnas", aseguran). Por otro, se quejan de que la justicia investigue sus anuncios delictivos y que las querellas se empiecen a acumular contra el Govern y la Mesa del Parlament.
La hora del final se acerca
En realidad, lo que sorprende visto desde fuera es la extrema prudencia del Estado para no pasarse un pelo de la raya cuando en otros países igualmente democráticos todos esos políticos estarían ya inhabilitados y algunos hasta en la cárcel. Naturalmente. Pero la hora del final se aproxima. El próximo día 16 Carme Forcadell aceptará tramitar la ley del referéndum. El TC suspenderá, a instancias del Gobierno español, dicha iniciativa.
Si entonces siguen adelante hasta el final, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras serán los máximos responsables del descarrilamiento de las instituciones del autogobierno. Aténgase a las consecuencias.
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