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Nicolas Maduro

Desobediencia civil

Beatriz Lecumberri

La Constitución de 1999 es un orgullo para los venezolanos. Impulsada por un Hugo Chávez recién elegido, debatida y redactada por una representación amplia y democrática del pueblo venezolano y aprobada por los ciudadanos en referéndum, es un texto que genera el consenso más allá de las profundas divisiones políticas de la sociedad.

En esa Constitución se ampara la oposición venezolana para su consulta nacional de este domingo, presentada como la máxima expresión de la resistencia pacífica frente al Gobierno. En este plebiscito simbólico se pregunta a los venezolanos si están de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente anunciada por el Gobierno de Nicolás Maduro que deberá redactar una nueva Carta Magna.

El proceso hacia una nueva Constitución parece el último as en la manga de un Ejecutivo debilitado por las protestas en la calle, las críticas internacionales y unas políticas económicas que han llevado al país al borde del colapso.

La oposición y el chavismo crítico no participarán en la Constituyente ya que la consideran irregular porque no se ha convocado vía referéndum y sus miembros serán elegidos a finales de julio mediante un sistema de votación por sectores que favorece al Ejecutivo.

La oposición teme además que esta maniobra paralice la vida política y entregue a Maduro un poder de facto que le permita posponer de nuevo las elecciones regionales previstas en diciembre y retrasar las presidenciales del 2018, así como disolver un Parlamento opositor y acallar voces disonantes molestas como la de la Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, última y sonada deserción del chavismo.

El Gobierno es consciente de que Maduro solo tiene un 20% de popularidad y perdería cualquier cita con las urnas. Pero la mayoría de los venezolanos pide votar. La última vez que lo hicieron fue en las legislativas de diciembre del 2015 cuando la oposición logró la mayoría en la Asamblea Nacional. Fue la primera derrota sonora para el chavismo.

Desde entonces, debían haberse celebrado elecciones regionales en el 2016 pero fueron pospuestas así como también se bloqueó una iniciativa de la oposición para organizar un referéndum revocatorio. Desde hace 100 días en las calles miles de venezolanos piden elecciones generales en protestas que ya han dejado un centenar de muertos.

Para el gobierno, esta consulta popular organizada por la oposición es una “barricada” a la revolución, para los detractores del gobierno es la máxima expresión de la desobediencia civil reconocida en la misma Constitución que Maduro quiere cambiar.

El valor de este plebiscito, que se celebra sin el aval del poder electoral, será simbólico y su capacidad de frenar la Constituyente de Maduro, limitada ya que el gobierno cuenta con el apoyo del poder electoral y judicial y de las Fuerzas Armadas.

Pero el objetivo es restar legitimidad interna y externa a un proceso que según la consultora venezolana Datanálisis es ya rechazado por el 70% de la población sin haberse apenas puesto en marcha.

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