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El órdago independentista

Senyeres y estelades en la histórica manifestación de la Diada del pasado septiembre.

El referéndum y la luna

Eduard Roig Molés

El 'procés' se ha convertido desde hace tiempo en una guerra de trincheras; ese es el problema de fondo para todos

El proverbio afirma que cuando el sabio señala la luna el necio mira el dedo. El referéndum del 1 de octubre es sin duda relevante, pero más lo es la división de los ciudadanos catalanes entre quienes quieren la independencia y rechazan el modelo constitucional de 1978 y quienes no defendemos esa posición. Con referéndum o sin él, pactado o unilateral, legal o ilegal, no parece que esas cifras se muevan, ni vayan a hacerlo: el 'procés' se ha convertido desde hace tiempo en una guerra de trincheras; ese es el problema de fondo para unos y otros, para todos.

Nos hemos instalado en esta situación tras cuatro años de debate jurídico sobre la legalidad del proceso y, esencialmente, del referéndum. Esto es, nos hemos concentrado en el dedo, simple instrumento (más o menos necesario según la coyuntura) para alcanzar la independencia; y lo hemos tratado y debatido jurídicamente, con normas, demandas, sentencias y condenas.

Esta estrategia jurídica ha conseguido algunos éxitos para unos y para otros: el debate se ha centrado en conceptos tan atractivos y ventajosos para el independentismo como el derecho a decidir o la pretendida democracia, meramente instrumentales, dejando de lado el sentido del fondo de la reivindicación independentista y sus efectos sobre elementos tradicionalmente definitorios de la identidad catalana como el pluralismo, las identidades compartidas o el impulso de proyectos comunes.

VICTORIA SEGURA

Quienes no compartimos las posiciones independentistas hemos visto como el debate jurídico ofrecía una victoria segura, pues ninguna duda a mi juicio existe sobre la creciente ilegalidad de las posiciones defendidas desde el independentismo. Sentencia a sentencia sus posiciones se han transformado en una huida hacia adelante, jurídicamente, insostenible.

Pero el debate jurídico por sí solo no tiene gran fuerza de atracción: en él se ignoran las razones políticas del independentismo, no se defienden políticamente las razones que hay tras las normas constitucionales y, en suma, se desplaza la responsabilidad desde las instancias políticas a las judiciales, de modo que se renuncia a cualquier capacidad de convicción en el debate político.

Ciertamente, la canalización jurídica de la discusión ha tenido una importante ventaja: el choque de trenes entre gobiernos (simbolizado en la 'suspensión' de la autonomía) se ha transformado en algo tan poco dramático como repetidos procedimientos ante el TC. Cuánto tiempo se mantendrá esa ventaja es ya dudoso.

En resumen, la 'juridificación' del proceso se ha acompañado de la ausencia casi total de un debate político sobre las posiciones de fondo de independentismo y constitucionalismo, limitado en lo esencial a plantear las dificultades de la independencia (arduas pero estimulantes) más que la riqueza de la unidad; silenciando así las eventuales alternativas posibles desde los propios principios constitucionales. Y creo que, razonablemente, los ciudadanos no deciden tanto por el respeto del derecho como por las razones que lo fundamentan. En consecuencia, tras los terremotos social y político de la crisis y del Estatut, el bloqueo político y la división social se mantienen sin cambios.

DEBATE INSTRUMENTAL

Hemos discutido sobre el dedo y hemos ignorado la luna. Porque el debate sobre el referéndum es meramente instrumental: de poco sirve que no haya referéndum si tantos ciudadanos se sienten excluidos del sistema, entre otras razones porque pretenderán superarlo, pues el derecho solo vale hasta donde el conjunto de la sociedad (no la mera mayoría) lo sustenta. Y de poco sirve organizar un referéndum si una cantidad aún mayor de ciudadanos lo ignora. Con o sin él, la sociedad sigue dividida y su prohibición o su resultado se convierten en armas para continuar el debate de fondo, en exhibición de fortaleza o en un mero precedente para la próxima ocasión.

El problema para el sistema constitucional es que una parte muy importante de la población catalana (y, por otros motivos, española) se siente crecientemente ajena al mismo; el problema para el independentismo es que una parte aún mayor lo rechaza. El reto para ambos es incrementar su apoyo social, dilema que no se dirime en términos de sí o no en el referéndum, ni en términos de legalidad, sino en argumentos políticos que restauren a medio plazo el consenso constitucional de nuestra comunidad, en uno u otro signo. Una vez restaurado, lo de menos será el referéndum que lo sancione.

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