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CONTRAPUNTO

Inspección de una tienda china del Polígono Sud de Badalona.

Sin fraude viviríamos mejor todos

Salvador Sabrià

Con lo que se elude al fisco en España se pagaría tres veces la última ayuda a Grecia

Los responsables de Economía de los países de la zona euro alcanzaron el pasado jueves un principio de acuerdo para conceder una nueva ayuda financiera a Grecia, por un importe de 8.500 millones de euros. Lograr este pacto, que aún no es definitivo, ha costado semanas de negociaciones, con el trasfondo de un país arruinado que sin esta cantidad no podría hacer frente al pago de vencimientos que tiene que cubrir el próximo julio.

Ese mismo día, el Consejo de Economistas cifró en 26.000 millones de euros la pérdida de ingresos derivada del fraude fiscal en España. Es decir, lo que dejan de ingresar las arcas públicas y que podría y debería utilizarse para mejorar los servicios públicos, asegurar las pensiones o reducir la creciente deuda. Esta cifra es casi la mitad de lo que no se podrá recuperar del rescate bancario español, o, comparando con el caso griego, la cantidad que permitiría al país al borde del abismo pagar tres veces esas deudas inmediatas que lo agobian.

Y eso teniendo en cuenta que el cálculo realizado por los economistas españoles es uno de los que atribuye una de las cifras más bajas al impacto del fraude fiscal. Otros estudios internacionales calculan que se dejan de ingresar 75.000 millones de euros al año. Sea como sea, incluso con el baremo más bajo es una cifra impresionante. El peso de la economía sumergida alcanzó al 19,2% del producto interior bruto (PIB) en el 2012, últimos datos comparables del estudio de los economistas, solo superado por Portugal, Italia y Grecia.

Ante la magnitud de este fenómeno y su reiteración en el tiempo, parece mentira que los Estados no dediquen muchos más esfuerzos a batallar y a descubrir el fraude fiscal. Con 26.000 millones de euros al año más, imagínense lo que podría hacerse: es prácticamente el presupuesto que necesita la Generalitat de Catalunya para funcionar durante todo un año y que incluye desde la enseñanza, hasta la sanidad, pasando por las prisiones y toda la estructura funcionarial.

No ha sido hasta hace muy poco que el Govern se ha puesto las pilas para luchar contra el fraude fiscal dentro de sus posibilidades en Catalunya. Se monta el gran escándalo por la creación de un impuesto sobre las bebidas azucaradas, del que se obtendrán unos 40 millones, mientras que la hacienda catalana afloró 170 millones de euros solo en el 2016. Una cifra que, además, fue inferior que la del ejercicio anterior. Lo mismo que pasó con el Estado: destapó actividades sumergidas por valor de 14.883 millones en el 2016, un 5% menos que un año antes. 

No tiene ninguna lógica, visto desde el interés general, que no se dediquen más esfuerzos a la lucha contra el fraude fiscal. Quizás la única razón sean intereses particulares.

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