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Al contrataque

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont se saludan antes de su reunión en la Moncloa.

Sobre el uso de la fuerza

Antonio Franco

En Catalunya hay un resentimiento absoluto, por decepción, ante la incapacidad de los políticos de ambas orillas para resolver la situación

Ya ha hecho su presentación un nuevo debate semántico que nos llega cargado de todas las posibilidades del mundo de eternizarse, embarullarse y acabar degradando y desnaturalizando lo que quiere decir una palabra. Me refiero al término violencia, cruzado con el de su casi sinónimo uso de la fuerza. Estamos en eso, dentro de la espiral de tensión a la espera de lo que tendremos en septiembre con motivo de la consulta que un poder legítimo está organizando y otro poder legítimo considera imposible que se materialice por imperativo de nuestro marco legal.

Aunque me arriesgue a pasar a la historia como uno de los analistas más ciegos de mi generación, diré que no detecto en Catalunya ningún indicio de insurrección popular masiva a tres meses vista para el caso de que se convoque y no pueda materializarse el referéndum, aunque sé que habrá una tensión máxima. Percibo, en cambio, un cansancio total de la opinión pública por la larga y bloqueada situación creada. Y sobre todo, palpo un resentimiento absoluto, por decepción, ante la incapacidad de los políticos de ambas orillas para resolver o siquiera encarrilar alguna solución.

LEY DE RUPTURA SIN DETALLES

El clarinazo para el debate semántico lo ha dado Puigdemont al pedirle a Rajoy que aclare si usará la fuerza para evitar el referéndum. Un referéndum que, por cierto, pende de una ley de ruptura de la que Puigdemont no ha aclarado detalles concretos actualizados. No se tomen la molestia de buscar en los diccionarios un concepto sencillo sobre el uso de la fuerza o la violencia. Puede ser todo, de tipo físico o con simple papeleo; puede ser democrático y legal o bien ilegal por no respetar la Constitución aceptada; puede ser ofensivo o defensivo, justificado o no, proporcional o no... Es una discusión ideal para todo tipo de desencuentros, pues la aplicación de esos conceptos a la realidad depende de apreciaciones casi siempre subjetivas. Por eso es un buen camino intentar interpretar la ortodoxia democrática de la consulta objetivándola con criterios como el de la Comisión de Venecia.

En cualquier caso, no sabemos si tendremos un choque de trenes real, con bofetadas físicas por mucho que nadie las desee, o un choque más virtual de ofensas, presiones, movilizaciones no trascendentes y decisiones administrativas. O la tercera posibilidad, que ya apunté meses atrás, de que al final descubramos que no hay una vía sino dos y que los trenes se cruzarán gritándose camino de continuar en un empantanamiento aburrido e insatisfactorio de una autonomía protestona e insatisfecha. Aunque, esperemos, regida con más sentido común en la administración de los asuntos ordinarios, los más importantes, por quien tenga la habilidad de escapar a la inhabilitación. El voto popular, en unas posteriores elecciones con reglas españoles, pesará mucho en eso. 

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