Autocastigo y autocrítica

Los dirigentes independentistas han probado estos días en las redes, a raíz del ‘Manresagate’, la medicina que les administran habitualmente sus incondicionales a quienes no piensan como ellos. El columnismo verdulería aliado con los avatares más hiperventilados ha puesto a parir a David Bonvehí por intentar defender sus derechos con ayuda de la fiscalía. La acumulación de errores en este asunto solo es comparable a la de los preparativos y puesta en escena de la conferencia de Rajoy sobre infraestructuras. De manera que, a medida que el choque de trenes se reconvierte en precampaña electoral, ha llegado el momento de abandonar las trincheras y volver a analizar los actos de unos y de otros con la misma vara de medir. El independentismo no hubiera llegado tan lejos sin las redes sociales como tampoco lo hubieran hecho fenómenos políticos tan distintos entre sí como Ada Colau, el 15-M, Beppe Grillo o Trump. Ello no significa que en ninguno de estos casos haya que confundir el fondo con la forma ni la parte con el todo. Es tan erróneo confundir al avatar de Mark Serra con el conjunto de los votantes independentistas como transformar el déficit fiscal catalán (y de la cuenca mediterránea para que nadie se asuste) en el ‘Espanya ens roba’.

Desde el 27-S, es evidente que al independentismo le ha faltado autocrítica mientras que a sus contrarios les ha sobrado autocomplacencia en las propias leyes. Los primeros sufren ciertamente estos días baños de realismo del que quizás nunca fueron tan faltados. En cambio, en el entorno del Gobierno de Rajoy no hay el menor atisbo de abandonar la altanería del BOE para bajar a la arena de la política. Y con la ley en la mano también se pueden hacer barbaridades que, aunque las denuncien los independentistas, no pierden gravedad. El auto de imputación del diputado de Catalunya Sí que es Pot, Joan-Josep Nuet, por ejemplo, debería ser inquietante para quienes se oponen al independentismo para defender el Estado de derecho y no al revés. Calificar la responsabilidad penal de un acto en función de la ideología del imputado tiene muy pocos nombres posibles. Y poco espacio en democracia.