Cómo evitar los concursos amañados

Uno de los puntos críticos en la lucha contra la corrupción en las administraciones públicas es conseguir que los concursos de adjudicaciones de obras o de servicios sean lo más transparentes posibles. Y eso se consigue no sólo con unas bases muy claras y diáfanas, sino en el proceso previo de constitución y elección de los miembros del jurado o el organismo que acabará tomando la decisión. Así se constata en algunas de las recomendaciones del informe de la Comisión de Estudio de las medidas de lucha contra la corrupción para la regeneración democrática, del Parlament de Catalunya. El documento en sí no realiza ninguna denuncia concreta, pero si se mira el reverso de las recomendaciones pueden cerrarse muchas puertas a casos futuros de corrupción.

Las referencias a los concursos en el informe son un ejemplo de ello. En el 'caso Palau", Artur Mas ha defendido siempre la bondad de la actuación legal de Convergència alegando que todos los concursos presuntamente vinculados a donaciones de empresas se adjudicaron sin mácula de favoritismo. La denuncia anónima de un trabajador de Gisa advirtiendo que la decisión final de un concurso puede estar marcada desde el momento de constitución de equipo evaluador puede ser la otra cara de la moneda de las explicaciones del 'expresident'. En la misma línea, en el informe de la comisión parlamentaria se considera necesario "garantizar la separación entre los técnicos que elaboran los pliegos de los concursos o las bases de las convocatorias de subvenciones y los que elaboran los informes técnicos para las adjudicaciones o que otorgan las valoraciones para la concesión de las subvenciones". O se añade una prevención que debería considerarse escandalosa: "Hay que garantizar que los pliegos de los concursos nunca puedan ser elaborados por las empresas que tengan que participar en ellos". En definitiva, impedir el "yo me lo guiso y yo me lo como", tanto en la adjudicación de obras como en la designación de puestos de trabajo.

En otra referencia a los concursos se reclama que prevalezcan los criterios objetivos sobre los subjetivos para las adjudicaciones y que, en todo caso, los requisitos que se basan en juicios de valor no puedan superar el 30% de la nota total de la propuestas. Todas estas recomendaciones, que parecen de manual y totalmente lógicas, en realidad lo que están reflejando es que ahora no se actúa así, ya que en caso contrario no tendría sentido proponer algo que ya se practica.

El informe pasó sin pena ni gloria, como su precedente, pero pese a todos sus defectos no deja de ser una guía positiva, como mínimo para evitar los caminos que no deben seguir utilizándose.