Economía inclusiva

Una economía inclusiva es, primero, aquella en la que el conjunto crece y mejora las oportunidades y el nivel de vida de todos, según el conocido dicho de que una marea creciente hace subir todos los barcos. Todos salimos ganando en una economía más dinámica, más abierta y más creativa. Pero hay barcos que no pueden subir cuando la marea sube, y acaban hundiéndose, y hay familias que no pueden adaptarse a un cambio demasiado rápido; por ejemplo, cuando una planta cierra por la globalización, o cuando una nueva tecnología acaba con la carrera de un empleado. Y aquí aparece la dimensión inclusiva. Cuando yo era más joven, lo llamábamos Estado del bienestar: era nuestra manera de ser inclusivos sin perjudicar el crecimiento.

Pero no hay que olvidar que dinamismo, crecimiento y cambio no suelen ser compatibles con protección, estabilidad y cobertura de las necesidades de todos. Inicialmente, el Estado del bienestar sirvió para garantizar un nivel de vida mínimo para los que salían perdiendo; con el paso del tiempo la cobertura se fue ampliando y, poco a poco, fue introduciendo nuevos derechos: un generoso seguro de desempleo, vivienda social, escuela gratuita, universidad subvencionada, sanidad gratuita y universal y muchas más cosas.

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Y esto creó dos problemas. Uno, la sostenibilidad del sistema. El modelo funcionó bien mientras el crecimiento fue alto, las demandas sociales crecieron moderadamente y no hubo agravios comparativos importantes. Pero ahora el crecimiento no volverá a ser alto, la demografía juega en contra, la cultura de los derechos convierte los deseos en reivindicaciones innegociables, y muchos se sienten dolidos por lo que consideran un fallo en el contrato social: 'alguien' no ha cumplido lo que nos prometieron. El modelo se bloquea.

EL PROBLEMA DE LOS INCENTIVOS

El otro problema es el de los incentivos. Subir los impuestos o las cotizaciones sociales desincentiva a trabajar más y a aportar más, y algunos piensan que la carga que soportan es ya excesiva, injusta, sobre todo cuando se enteran de qué hacen los gobiernos con sus impuestos. Y dar servicios y rentas gratis puede significar reducir los incentivos a trabajar más, y también a no despilfarrar los recursos que, aunque sean gratis para el usuario, no lo son para la sociedad. El fraude fiscal y la evasión de capitales son, de alguna manera, la contrapartida del gasto social creciente y del abuso en el seguro del desempleo.

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Este es, a grandes rasgos, el problema de la economía inclusiva, pasada y presente. Y las soluciones que se nos han ocurrido son tres. Una, cortoplacista, la de los políticos: cuadremos las cuentas este año, y el que venga detrás que arree.

La segunda solución es hacer adaptaciones en el modelo: subamos un poco los impuestos, sobre todo de los más ricos; persigamos un poco más el fraude fiscal, pero sin matar la gallina de los huevos de oro; aumentemos el copago, pero sin provocar conflictos en los usuarios; alarguemos la edad de jubilación y reduzcamos un poco las pensiones, pero sin provocar la miseria de los retirados… Buenas soluciones, si el problema fuese transitorio. Pero es duradero, de modo que estos remedios solo sirven para comprar tiempo.

EL 'CAMBIO DE MODELO'

La tercera solución es el llamado 'cambio de modelo', aunque nadie sabe muy bien en qué consiste. Algunos elementos los vemos ya ahora, como el avance de la economía circular, del reciclaje y el aprovechamiento de los recursos, pero esto difícilmente será una solución general, al menos si no tocamos a fondo los precios y, por tanto, el nivel de vida de la población y su consumo, o sea, la estabilidad del empleo en muchos sectores. Otros, como la transición hacia una economía del conocimiento, plantean nuevos problemas, por el alto coste de esa transición, en términos, por ejemplo, de pérdida de empleos o de nivel de salarios para muchos colectivos.

No tengo soluciones mejores. Pero me parece que, cualquiera que sea la que presentemos, deberá tener en cuenta, primero, la necesidad de mantener el crecimiento, al menos mientras haya tantas necesidades urgentes por cubrir; segundo, qué queremos que cubra la inclusión, o sea, qué necesidades de qué personas, y por qué (y esto último me parece muy importante), y tercero, el impacto de lo anterior sobre los incentivos (a trabajar, a pagar impuestos, a retirarse, a usar los servicios públicos...). Y todo esto en el marco de una sociedad individualista, más propensa a hablar de derechos que de deberes.