Editorial
El descaro de Macià Alavedra
El 'exconseller' ha confesado que cobró comisiones ilegales en al menos dos promociones inmobiliarias
Un pacto con la fiscalía ha obligado finalmente al exconseller Macià Alavedra a reconocer que cobró comisiones ilegales en, al menos, dos promociones inmobiliarias. Con todo descaro explicó ante el tribunal que le juzga por el 'caso Pretoria' que lo hizo porque después de 15 años como 'conseller' de Jordi Pujol «conocía a todo el mundo». Ello le permitió cambiar voluntades para favorecer a los contratistas.
Las palabras de Alavedra dejan en evidencia a uno de sus compañeros en el banquillo, el exsecretario general de Presidència Lluís Prenafeta que no ha alcanzado pacto alguno con la fiscalía. Pero también dejan en evidencia a los gobiernos de los que formó parte, siempre a las órdenes de Pujol. No porque los delitos ahora confesados se hicieran desde la Administración sino porque el mecanismo reconocido revela una determinada manera de entender los negocios, la política y la Administración pública, en este caso la Generalitat. Un patrón que desgraciadamente se repite una y otra vez en torno al propio Pujol y lo que fue la antigua Convergència i Unió: Alavedra, Prenafeta, los hijos de Pujol, Millet y Osàcar en el 'caso Palau', el 'caso ITV' o las investigaciones de la 'trama del 3%' que se desarrollan en los juzgados de El Vendrell.
Siempre tropezamos con la misma piedra: relaciones poco transparentes entre empresarios y políticos que acaban con resoluciones y adjudicaciones públicas aparentemente impecables vinculadas a comisiones que se pagan en ocasiones en dinero negro –como es el caso de Alavedra o los hijos de Pujol–, con facturas falsas –en los de Millet u Oriol Pujol– o con donativos a las fundaciones de CDC –como los que se investigan en el 'caso del 3%'–.
Los delitos los cometen las personas y no las organizaciones pero es evidente que en torno a Pujol ha habido, como mínimo, una cultura de tolerancia (cuando no de estímulo) de este tipo de conductas. Y oyendo a otro de los encausados, Luis Andrés García Luigi, del PSC, es quizá la misma cultura de dirigentes de otros partidos.
La lentitud de la justicia y la aceleración de la vida política convierten hoy la confesión de Alavedra en un hecho extemporáneo pero no por ello menos grave y revelador de una determinada manera de hacer política que desgraciadamente no estamos seguros de que se haya erradicado definitivamente.
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