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Editorial

Combo Josep Pujol Ferrusola, Jorge Fernández Díaz y José Villarejo

La 'operación Cataluña' y la justicia

Resulta intolerable que el 'caso Pujol' pueda quedar en nada porque hay pruebas que son fruto de la guerra sucia

Con una mezcla de estupor e indignación, la opinión pública asiste a las revelaciones (algunas, información real; en otros casos, puras intoxicaciones) de cómo las cloacas del Estado a través de la denominada 'operación Cataluña' trataron de combatir el auge del independentismo en Catalunya a través de la investigación  de casos de corrupción de Convergència Democràtica de Catalunya, sobre todo el 'caso Pujol'.

La trama incluye desde la difusión de grabaciones de conversaciones privadas de una amante despechada (Victoria Álvarez) y de un ministro del Interior (Jorge Fernández-Díaz) hasta las luchas intestinas entre altos cargos policiales y las declaraciones de un comisario, José Villarejo, de una trayectoria cuanto menos controvertida. Entre medio, pasajes como las garantías que supuestamente se le ofrecieron desde el Estado a Jordi Pujol de que su clan podría enriquecerse sin problemas siempre que hiciera de dique de contención del independentismo.

Una sucesión de revelaciones que en ocasiones se asemeja a un mal guion pero que pone en duda la labor policial y mancha de forma irremediable el Estado de derecho. Lo admitió el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cuando afirmó que deben «pasar a la historia» las malas prácticas en investigaciones judiciales de casos de corrupción política, un bofetón a su antecesor. 

Es indiscutible que la corrupción debe ser investigada, juzgada y condenada en caso de que sea probada, da igual el color político y el peso simbólico de los implicados y en qué bandera se envuelvan. Ahora bien, las fuerzas de seguridad del Estado no pueden usar con fines políticos los instrumentos legales que tienen a su disposición, y mucho menos recurrir a la guerra sucia para debilitar o destruir un proyecto político.

El 'caso Pujol' debe ser investigado sin concesiones y  juzgado en los tribunales, y sus responsables deben cumplir condena si así lo considera la justicia. Por eso resulta inaceptable que algunas de las pruebas puedan llegar a ser invalidadas porque son fruto de métodos dudosos o directamente ilegales. Es la hora de la luz, los taquígrafos y la asunción de las responsabilidades: contra los corruptos y los corruptores, pero también para quienes diseñan y ejecutan operaciones con fines políticos sin reparos en prostituir la labor de la policía y la justicia.

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