Consensuar la planificación escolar

Por primera vez, los municipios catalanes y la Generalitat van a acordar los criterios de planificación escolar para los próximos años. Es una buena noticia que pone fin a un estilo opaco e improvisado de planificación educativa al que se nos había acostumbrado. La participación de los municipios es fundamental para equilibrar los criterios y reconocer mejor las necesidades, superando el anterior modelo centralista con que la Generalitat decidía y anunciaba la supresión de centros y aulas.

El anuncio de esos cierres se hacía coincidiendo con el periodo de prematriculación y siempre en detrimento de la escuela pública, dado que no afectaba a la oferta de la escuela concertada que siempre se concreta en septiembre, tal y como establece la legislación española. Así, ciertas escuelas quedaban señaladas con el estigma de que iban a ser cerradas y las familias ya no las escogían.

GESTIÓN ABIERTA

Al fin, el Departament de Ensenyament acepta una gobernanza más abierta y participada de la planificación escolar, con un modelo de corresponsabilidad que incluye a los municipios y, tras ellos, las demandas de la ciudadanía más activa con las asociaciones de madres y padres al frente. Este cambio de gobernanza va a tener que gestionar, desde el consenso, el aumento demográfico en 40.000 plazas escolares más en la ESO hasta el curso 2020-21. Supone todo un desafío que hay que regular de forma eficiente y equitativa para no reproducir los efectos perversos del pasado. Aún estamos lejos de una verdadera planificación pública que integre a la concertada y que reduzca los efectos de segregación y dualidad que van contra la educación pública. La concertada puede aumentar aulas mientras se cierran y masifican aulas públicas. Todo un despropósito para la equidad escolar.

CODICIA INMOBILIARIA

Pero la planificación escolar va más allá de las decisiones de política educativa. En ella intervienen otros actores como los agentes inmobiliarios y la planificación urbanística que, en el pasado, no han estado a la altura. En los años de crecimiento económico hasta el 2008, la planificación urbanística apenas tuvo en cuenta la necesidad de nuevos equipamientos escolares. La prioridad era construir y obtener el máximo rendimiento ocupando todo el territorio y sin previsión de futuro ni construcción de nuevas escuelas en los nuevos barrios residenciales. Se antepuso la codicia inmobiliaria de constructores y ayuntamientos en detrimento de una planificación equitativa del espacio público.

Ahora, apenas hay suelo y espacio para construir nuevas escuelas, aunque el sistema necesita 40.000 plazas más. La solución será, de nuevo, recurrir a los barracones. Como es una medida impopular, se requiere un nuevo consenso y una gobernanza más participada en la planificación. Es bueno aprender del pasado y no subordinar nunca más las necesidades educativas a la especulación inmobiliaria que acaba en segregación urbana y privatización del espacio público. También es necesario acabar con los privilegios de la red concertada y responsabilizarla de su función social para que deje de segregar y excluir incumpliendo la normativa.