A 45 años de la ley general de educación

Han pasado los primeros días de agosto sin que observase en la prensa que acostumbro a leer ningún comentario sobre los 45 años de la ley general de  educación (LGE) de 1970. Que fue la segunda ley española que abarcaba todo el sistema educativo, desde la formación infantil hasta la universidad; que venía a sustituir a la célebre ley Moyano, con más de un siglo de existencia; y que sin duda ha marcado a la generación que abarca desde los treinta y pocos hasta los 60 años. Fue también la ley que logró la plena escolarización de los españoles y la que elevó desde 200.000 hasta un millón los estudiantes de la universidad. Un momento de tranquilidad en unas plácidas vacaciones en el valle de Camprodon me permite hacer una reflexión sobre este nuestro pasado reciente, que ha marcado nuestro presente aunque muy a menudo lo olvidemos.

A mediados del siglo XIX, España y Rusia eran las dos únicas potencias europeas que superaban el 70% de población analfabeta, llegando al 90% en el caso de las mujeres. En España, la primera estadística oficial es de 1841. En ella se indica que la población alfabetizada es del 24,2% (el 14,5% sabía leer, y el 9,6%, leer y escribir). En el caso de los hombres llegaba al 39,2%, y al 9,2% en el de las mujeres, cifras muy alejadas de la vecina Francia, donde estaba alfabetizada casi el 80% de la población, y de Inglaterra, donde superaba ligeramente el 60%.

Es en este contexto que ve la luz la primera ley de educación española, la ley de instrucción pública del 9 de septiembre de 1857, más conocida como ley Moyano por haberla impulsado Claudio Moyano, miembro del Gobierno moderado. Esa ley incorporó buena parte del proyecto de ley de instrucción pública del 9 de diciembre de 1855 elaborado durante el Bienio Progresista por el ministro de Fomento, Manuel Alonso Martínez. Como diríamos hoy, la ley fue fruto del consenso de las fuerzas dominantes en aquel momento, lo que le permitió superar los cien años de vigencia.

La ley de instrucción pública intentó modernizar España mejorando su deplorable sistema educativo, uno de los peores en una potencia europea. La ley organizó la enseñanza en los tres niveles que han estado vigentes hasta la actualidad: enseñanza primaria, secundaria y superior. La primaria era la única obligatoria y gratuita, y abarcaba de los 6 a los 9 años. La secundaria era denominada también enseñanza media o bachillerato. Y la superior también era conocida como universitaria.

También acertó esa ley en la implantación de las carreras funcionariales de maestros, profesores de instituto y de universidad, así como en la creación de escuelas normales de formación de maestros, y de institutos de bachillerato, en todas las capitales de provincia.

La ley de instrucción pública siguió en vigor con retoques parciales, como la ley sobre educación  primaria de 1945, complementada por un decreto de 1967, cuya virtud principal fue ampliar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita hasta los 12 años. Y como la ley de ordenación de la enseñanza media de 1953, retocada en 1967, que intentó abordar a la gran olvidada del sistema educativo español: la formación profesional.

La España del desarrollismo entraba en la década de los 70 con más de dos millones de analfabetos y con menos de 200.000 estudiantes en lo que hoy llamaríamos sistema universitario.

Hace 45 años, en plena canícula estival se aprobó la ley general de educación de 1970. Una ley que era consciente de que venía a sustituir después de 113 años a la ley Moyano y a regular todo el sistema educativo desde la etapa maternal hasta el doctorado. Como toda ley, presenta claroscuros, entre los que podemos citar los siguientes:

- Reguló la enseñanza maternal, la preescolar, la educación general básica y el bachillerato, e integró en la universidad los estudios superiores dispersos hasta entonces en diversos ministerios, posibilitando así la creación de nuevas universidades. Implantó los ciclos en el sistema universitario: diplomaturas, licenciaturas (Arquitectura, Ingeniería) y el doctorado. Hizo una apuesta seria -quizá por primera vez en nuestro país- por la educación profesional, introduciéndola en el sistema ordinario.

- Logró la escolarización y abrió las puertas de la universidad a todos los españoles.

- No consiguió prestigiar la formación profesional.

Todo ello justifica un recuerdo para la segunda ley española de educación.