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El conflicto del fútbol español

Una norma para los dos grandes

J. L. Pérez Triviño

El decreto del CSD sobre reparto de derechos televisivos favorece a los intereses de Madrid y Barça

En medio de una agria polémica, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha cubierto su objetivo: la venta y reparto centralizado de los derechos audiovisuales del fútbol, pero no sin dejar un reguero de conflictos por medio y que afectan a los cuatro estamentos del fútbol español: la propia LFP, el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). El principal conflicto resultante del reparto es que la AFE y la RFEF han decidido ir a la huelga y suspender las competiciones a partir del día 16. En este sentido, pese a promulgar finalmente el decreto en el que se plasma el reparto, en el CSD no deben estar contentos, y en La Moncloa, tampoco.

Son varios los aspectos a destacar del proceso que ha acabado con la promulgación del decreto ley. En primer lugar, sorprende que en un ámbito privado, el de los clubs y respecto a un contenido que está entre sus derechos (la negociación televisiva), tenga que intervenir el Estado, o sea el CSD, a través de una norma que se va a imponer a las partes implicadas. Es más, que los agentes privados (RFEF y LFP) se lo hayan exigido muestra la imperdonable falta de capacidad para resolver autónomamente sus asuntos.

En segundo lugar, estarían las quejas acerca del proceso de elaboración del decreto. Tanto el CSD y la LFP, por un lado, y la RFEF, por otro, se acusan de falta de respeto, ninguneos y humillaciones. Es difícil pronunciarse sobre quién tiene razón. Pero aun admitiendo por hipótesis que fueran el CSD y la LFP, ¿por qué desconsiderar de forma tan palmaria los intereses de la AFE?

Voto de calidad del presidente de la LFP

En tercer lugar, el control del reparto de los derechos vuelve a quedar en manos del Real Madrid y el FC Barcelona, con la complicidad y el voto de calidad del presidente de la LFP. Es decir, se ha aprobado una norma con rango de ley que favorece a estos clubs en detrimento del resto. Y es que el artículo 7 establece que, dentro de la LFP, se constituirá un órgano de control de la gestión de los derechos, que estará integrado por seis miembros elegidos, dos de los cuales - y esto es lo más escandaloso - serán los dos clubs o SAD que más ingresos hayan recibido por derechos audiovisuales derivados del ámbito nacional en los últimos cinco años -algo que perpetúa la presencia de Madrid y Barcelona en dicho órgano-, y otro de los seis miembros es el propio presidente de la LFP. Este tiene el voto de calidad, lo que le permitirá que pueda adoptar o vetar cualquier medida, junto con Madrid y Barcelona. A pesar de que, supuestamente, la composición del órgano será rotatoria (se renovará cada año), tres de sus miembros serán permanentes. El voto de calidad del presidente le permitirá seguir al servicio de los dos grandes.

Si nos centramos en los agravios que han motivado la declaración de huelga, vemos que las quejas de la AFE son básicamente dos. En primer lugar, reivindica que se garantice el pago de las deudas salariales que mantengan los clubs con sus futbolistas igual que se garantiza en el decreto el de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, que tendrán preferencia de cobro sobre las cantidades recibidas por las retransmisiones. En segundo lugar, y al margen de sentirse ninguneada por el CSD en la redacción del texto, también se opone al reparto de los fondos que, derivados de esos derechos, son atribuidos a los jugadores de Primera y Segunda. A los primeros les corresponderá el 90% y a los segundos, un 10%, cuando en otros países es más equitativo, estando en un 80-20 o, incluso un 70-30.

El reparto del dinero de las quinielas

La RFEF, por su parte, muestra su desacuerdo total con el recorte en materia disciplinaria, otorgando a la LFP competencias en sanciones por incumplimiento de la normativa de control económico, así como también su disconformidad con el reparto del dinero de las quinielas, y su retirada sin motivo, y con el 1% que percibirá por la venta de los derechos, puesto que deberá ser entregado a las territoriales, convirtiendo a la RFEF en simple mensajero. A esto habría que sumarle la queja de que el CSD pretenda regularizar laboral y fiscalmente a técnicos y monitores de fútbol base e infantil, lo que generaría a los clubs pequeños un notable quebranto económico.

Está claro que hay muchos intereses consolidados tras el decreto que los poderes públicos no se han atrevido a tocar, entre ellos, mantener la supremacía de los dos grandes, a costa del resto de equipos. Sorprende que la mayoría se hayan mostrado contentos con el equilibrio alcanzado. Quizá les ocurra como a la zorra en la fábula de Esopo, que ante la imposibilidad de coger las uvas que estaban muy altas, se consolaba diciendo «estaban demasiado maduras».

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