La tentación demagógica

Hace un mes el programa Sala 33, que dirige el crítico de cine Àlex Gorina, emitió el documental Ciutat morta sobre el llamado caso 4-F con un sorprendente éxito de audiencia. En los días siguientes se levantó una ola de indignación ante unos hechos que, si dábamos crédito al relato del filme, mostraban un caso horripilante de detenciones injustas, torturas policiales, indiferencia médica, encubrimiento político, e irregularidades en la investigación judicial. La obra de Xavier Artigas y Xapo Ortega no esconde su objetivo político: la denuncia del funcionamiento de los desagües del sistema a partir de la defensa de los jóvenes que fueron responsabilizados de los violentos altercados sucedidos el 4 de febrero del 2006 en la calle de Sant Pere Més Baix delante de una casa okupada donde había una macrofiesta.

No voy a detenerme en los detalles del caso, ni en sus circunstancias más trágicas. Lo que me interesa destacar es que la ola de indignación, mezclada con una especie de expiación de culpa que sintieron muchos periodistas que se preguntaban dónde habían estado mientras eso sucedía, creó un extraño clima que llevó al Parlament a hacer una insólita declaración a propuesta de la CUP. Se instaba a la fiscalía a revisar todas las actuaciones por si el caso tuviera que ser reabierto, y se trasladaba al Ayuntamiento, que entre tanto también había enviado el documental a la fiscalía, la conveniencia de llevar a cabo investigaciones sobre la actuación de la Guardia Urbana. Una semana después, el TSJC respondía con contundencia al vendaval de acusaciones que se habían dirigido contra las instancias judiciales desde la emisión de Ciutat morta.

Pero sobre todo consideraba inaceptable que desde las instituciones, en clara referencia al Parlament, se diera credibilidad a unas descalificaciones que provenían de personas interesadas en el caso. El TSJC instaba a leer las sentencias antes de dar pábulo a ciertas críticas, afirmaba que en el juicio y la instrucción se habían respetado todas las garantías constitucionales, repasaba las distintas resoluciones, resumía las pruebas que habían pesado contra cada acusado, así como los argumentos de la juez para archivar las denuncias de malos tratos. Finalmente, recordaba que ningún acusado había solicitado la revisión y que para ello hacía falta aportar nuevas pruebas.

Atrapados por la poética de la narración

Lo que sorprende es que un falso documental tan parcial pueda haber sido tomado por lo que no es, por un trabajo de investigación, y que muchos se hayan dejado atrapar por la poética de la narración hasta creerse que se les desvelaba una terrible verdad: un complot policial, político, mediático y judicial del que los acusados serían víctimas. En la confusión han intervenido por lo menos tres factores. El primero es que se han producido recientemente casos de abusos policiales. Su denuncia y condena no puede, sin embargo, confundirnos: son excepciones que no justifican un clima de sospecha sistemática sobre los cuerpos de seguridad. El segundo es que la gran mayoría de los espectadores se enfrentaron al documental con muy poca información sobre lo sucedido hace nueve años. Es más fácil ver un audiovisual y sentir empatía por los protagonistas que leerse una sentencia de cientos de folios. Y, por último, el canal de emisión. Ciutat morta se había estrenado un año antes con algún premio, pero que se emitiera en la televisión pública le otorgó una notoriedad y una veracidad que de otro modo no hubiera tenido.

Aquí el reproche a TV-3 es necesario. El documental no se hubiera emitido sin la insistencia del líder de la CUP David Fernández. ¿Fue acaso el pago a su apoyo al 9-N, reflejado en el abrazo con Artur Mas? A cuatro meses de las municipales, las implicaciones de su emisión eran claras y podían afectar negativamente a los partidos que en el 2006 gobernaban Barcelona. Ada Colau y Guanyem, por ejemplo, acusaron de inmediato a PSC, ICV y ERC de ser cómplices.

No niego un espacio en la televisión para el cine político antisistema, pero tratándose de un caso judicial reciente y a tenor de la gravedad de su denuncia, su tratamiento tendría que haber sido otro. El crítico Gorina se limitó en Sala 33 a una entusiasta entrevista a los directores. Sorprende que luego le pareciera correcto, como presidente del jurado, concederles el premio Ciutat de Barcelona en nombre de la libertad de expresión, que hicieron uso rechazando el galardón pero quedándose con el dinero. Cierto que TV-3 subsanó en parte el error en otro programa con un debate a fondo que aclaró muchas dudas, pero el mal ya estaba hecho. Lo sucedido con Ciutat morta refleja, pues, lo fácil que es alimentar la demagogia en un momento en que la credibilidad de las instituciones está muy dañada.