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Ahogar o liberar al tercer sector

Carles Campuzano

La calidad democrática de un país tiene mucho que ver con el temple de su sociedad y las políticas y las leyes pueden liberar la energía de la sociedad o por el contrario, ahogarla. Hasta ahora las políticas de los distintos gobiernos españoles han sido más restrictivas e intervencionistas que estimuladoras o liberadoras de la capacidad de la gente de organizarse de manera llibre y autónoma para contribuir al interés general.

Esta cuestión vuelve a estar de actualidad. Por un lado, el Gobierno del Estado ha anunciado la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley del Tercer Sector de acción social para su debate y aprobación, que puede convertirse en un texto inútil para resolver cuestiones básicas para el funcionamiento del tejido asociativo. Por otra parte, tal y como ha sucedido en los últimos años, buena parte de la política y las normativa estatales que afectan a las entidades del Tercer Sector han estado más orientadas a limitar y controlar el tejido asociativo, desde la desconfianza, que a facilitar su trabajo y su fortalecimiento.

Podemos ver algunos ejemplos de esta política intervencionista y basada en la desconfianza en la sociedad.

La ley general de subvenciones, aprobada ya hace unos cuantos y que convierte en un calvario para las pequeñas y medianas entidades toda la gestión burocrática relacionada con la subvención, es un ejemplo bien patente de cómo legislar desde la desconfianza y sin tener en cuenta las necesidades y posibilidades reales y concretas de las entidades; una legislación obsesionada por la garantía de requisitos formales y que obvia los resultados y los impactos de las actuaciones subvencionadas. Y aún más grave ha sido el hecho de que en algún momento el Gobierno del Estado anunció que quería modificar, de manera aún más agresiva hacia las entidades sociales, esta normativa, poniendo en riesgo la continuidad de muchos proyectos sociales. De momento la presión del sector y de la oposición parlamentaria ha detenido este planteamiento.

La ley de la transparencia de ámbito estatal tampoco es un buen ejemplo de cómo tratar las obligaciones de las entidades que reciben fondos públicos. El hecho de establecer unas obligaciones para entidades que reciben subvenciones modestas pero importantes para su exiguo presupuesto significará para buena parte del tejido asociativo de carácter local una carga de gestión costosa y pesada.

Y tenemos un buen paquete de cuestiones pendientes y relevantes: la centralización en la gestión de los programas subvencionados del 0,7 del IRPF, la pérdida de capacidad competitiva en la contratación pública de las entidades del Tercer Sector que se derivan de la regulación del IVA, la debilidad del marco que reconoce las cláusulas sociales en la contratación pública, las dificultades para acceder a las líneas de financiación, los problemas de morosidad del sector público parcialmente resueltos, la competencia del sector mercantil en determinadas áreas, ... y todo ello en un contexto de caída de las subvenciones públicas, desaparición de las obras sociales de las cajas y debilidad del régimen fiscal para estimular las aportaciones privadas…

Y si las cosas ya eran difíciles de por sí, con el actual gobierno español aun pueden serlo más.

La reforma fiscal, aprobada a finales del año, es el último ejemplo de esta manera de mirar y no reconocer el tejido asociativo y su papel en términos democráticos y sociales. Ciertamente en la reforma fiscal se incorporan algunas tímidas mejoras en el tratamiento fiscal de las entidades, pero en cambio se introduce la obligación para todas las entidades sin ánimo de lucro de efectuar la declaración del Impuesto de Sociedades, con independencia de su volumen de ingresos, con todo lo que esto implica en concepto de nuevas cargas burocráticas a realizar por parte de un tejido muy activo, útil y muy arraigado pero que no tiene capacidad para asumir más gestión de "papeles". Hace pocos días el Ministro anunció cambios para corregir ese desaguisado. Vamos a ver.

En cualquier caso es bueno recordar que en la reforma fiscal CiU fue el único que enmendó esta nueva obligación, pero el PP, y su mayoría, se mantuvieron en sus posiciones.

Y ahora hemos decidido volver a la carga presentando las correspondientes iniciativas parlamentarias pera dar marcha atrás en este verdadero despropósito. Debemos ser capaces de forzar a Montoro volver a la situación previa. Hará falta presión política pero también presión ciudadana.

Durante estos años de crisis el Tercer Sector ha demostrado que es imprescindible para garantizar unas mínimas condiciones de vida para los más perjudicados por la Gran Recesión; pero sabemos también que una mejor democracia tiene que ver con un tercer sector más fuerte y vibrante.

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