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Los recortes del Estado del bienestar

Inversión y gasto en el tercer sector

Xavier Gonzàlez de Rivera

El dinero público destinado a las entidades sociales tiene siempre un valor de retorno muy superior

A raíz de las últimas informaciones sobre el recorte y suspensión de parte de los pagos a las entidades del tercer sector he recordado que hace un tiempo tuve ocasión de examinar un informe elaborado por una entidad de esta área que medía el impacto social, ambiental y económico de su actividad aplicando el método de análisis de origen norteamericano denominado social return on investments (más conocido por sus siglas en inglés SROI), o retorno social sobre la inversión.

Este método de cálculo se basa en principios que no se reflejan en las cuentas financieras convencionales y nos da la verdadera medida monetaria del valor económico que devuelve a la sociedad la inversión realizada. Así, a partir del análisis tradicional de coste/beneficio se calcula la capacidad multiplicadora de la inversión de un proyecto o iniciativa concreta, y en consecuencia podemos saber, por un lado, si una inversión es viable -ya que permite conocer la rentabilidad económica-, y por otro se puede medir el retorno económico directo que la sociedad recibe.

Ciertamente, esta metodología de valoración del impacto social que se deriva de la actividad desarrollada con la inversión representa un cambio en la orientación estrictamente economicista del dinero que se destina a las actividades desarrolladas por el tercer y el cuarto sector, en tanto que parte de la base de que la empresa no solo crea valor económico y financiero sino que su actividad interactúa en diferentes áreas y crea un valor social. Es decir, las consecuencias sociales se reflejan en los cambios que se producen en aspectos tan importantes como son el bienestar y la calidad de vida de los destinatarios, la diversidad, la convivencia, el medioambiente o la responsabilidad social de la empresa. En definitiva, desde el punto de vista de la inversión de un proyecto es una herramienta para conocer la viabilidad de la toma de decisiones haciendo hincapié sobre la capacidad multiplicadora de cualquier acción que se desarrolle con esta inversión y su impacto social y medioambiental.

Se puede medir, pues, lo que revierte nuevamente a la sociedad a partir, por ejemplo, de las retribuciones que se pueden pagar a los destinatarios finales, de las cotizaciones a la Seguridad Social que generan estos pagos, de los impuestos que también ingresa el erario público, del ahorro para otros gastos de la Administración, sea en pensiones, en prestaciones o en el propio sistema de salud, etcétera. Para que nos entendamos, uno de los objetivos del método SROI es fijar cuál es el valor monetario total que se crea por cada euro invertido en un proyecto u organización. Concretamente, la entidad que elaboró ​​el informe (un centro especial de trabajo para personas discapacitadas) llegaba a la conclusión de que por cada euro recibido retornaban 3,65 a la sociedad. He podido examinar después otros informes basados ​​en este método y el retorno es muy similar.

Más allá de la simple constatación de la necesidad ética o moral de apoyar económicamente con fondos públicos los sistemas de protección social, las conclusiones de este estudio, y de muchos otros hechos por entidades y empresas dedicadas a la inserción social y laboral, ponen en evidencia que el apoyo económico a las iniciativas y proyectos llevados a cabo por las entidades del tercer sector no debe considerarse como un simple coste o gasto social, sino que se trata de una auténtica inversión económica, pues el dinero que se destina a esos planes vuelve a la sociedad con un valor siempre muy superior, y por lo tanto representa finalmente un ahorro económico.

Cuando los gobernantes de la Generalitat deciden, como en estos momentos, que lo mejor para ahorrar dinero es no pagar a las organizaciones y empresas del tercer sector, no solo incumplen los compromisos que presupuestariamente adquirieron, sino que transmiten a la sociedad que estas organizaciones, así como los proyectos y las actividades que llevan a cabo, son superfluas y que en momentos de crisis económica la única solución es prescindir de la labor que desarrollan. Y al actuar de esta forma, esos gobernantes no solo están dejando de atender una de las finalidades del presupuesto presentado públicamente (cuando afirmaban que uno de los objetivos era «la prioridad del gasto social para mantener los servicios de nuestro Estado del bienestar y proteger a los más perjudicados por las consecuencias de la crisis económica»; http://www15.gencat.net/ecofin_wpres14/pdf/PRE_P_CAT.pdf, página 4), sino que impiden que retorne directa e indirectamente a la sociedad ese dinero. La consecuencia no es otra que somos más pobres económica, ética y socialmente.

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