Iceta propone una doble consulta

Ayer Miquel Iceta, candidato a liderar el PSC, dijo en voz alta algo que toda la clase política catalana murmura a media voz: que la consulta del 9-N con la doble pregunta del Parlamento catalán no se va a poder celebrar. Mariano Rajoy no la permitirá porque, por una parte, no ha sido pactada y, por la otra, la futura ley de consultas -en cuyo abrigo se confía y que Iceta dice que quiere votar- es de consultas no refrendarias. Y en ella la famosa doble pregunta tiene un encaje casi imposible. CDC, ERC e ICV criticaron al dirigente socialista con rapidez, pero saben -e incluso lo discuten públicamente- que la gran incógnita es qué pasará tras el el 9-N, cuando la consulta no haya tenido lugar.

Iceta dijo que podía haber unas elecciones anticipadas, más o menos plebiscitarias, pero no una consulta. Y para él la consulta es obligada porque en el 2010 el Constitucional dictaminó contra un Estatut que ya había sido aprobado en referendo por la ciudadanía catalana. Cualquier solución al conflicto exige, pues, que la ciudadanía se vuelva a manifestar. Iceta dice que es partidario de la reforma federal de la Constitución que se tendría que someter a referendo en toda España (también en Catalunya), pero que otra vía podría ser una consulta en dos fases. La primera (acogida a la ley de consultas) podría preguntar: ¿Quiere que el Govern negocie con las instituciones del Estado un acuerdo que garantice el reconocimiento del carácter nacional de Catalunya, un pacto fiscal solidario y el blindaje de competencias en lengua y cultura? Luego debería hacerse una segunda consulta para aprobar o rechazar la solución encontrada.

Iceta defiende una consulta que no pregunte por la independencia

E Iceta se dirigió a Enric Millo, portavoz del PP en el Parlament y presente en el desayuno de Nueva Economía en el que el socialista hizo su propuesta, para decir que comprendía que el PP no sea partidario de la reforma de la Constitución pero que lo que no puede hacer hoy -tras haber creado el conflicto con el recurso contra el Estatut- es negar que hay un grave problema en la relación Catalunya-España que conviene solucionar.

La propuesta de Iceta es opinable, pero lo que no parece sensato es seguir abogando por la doble pregunta sabiendo que esa consulta no tendrá lugar. ¿Qué se pretende? ¿Que la frustración se transforme en un petardo contra el Estado de derecho? Parece poco sensato y está claro que negociar la pregunta es la única solución. El propio Artur Mas lo vino a admitir por un momento el 24 de abril cuando le dijo a Ariadna Oltra en TV3 -pocos días después del rechazo del Congreso de los Diputados a transferir a la Generalitat la competencia para celebrar referendos- que si el problema era la pregunta, o la fecha, era posible sentarse a hablar. Aunque luego, ante la insistencia de la entrevistadora, no aclaró lo que quería decir. Y la presidenta del Parlament, Núria de Gispert dijo, el pasado 18 de junio en un almuerzo de la Cambra de Comerç, que se podía cambiar la pregunta para lograr el respaldo del PSC y sumar así 110 diputados (sobre 135).

Hay dos motivos más para pensar la propuesta de Iceta. Lo que quiere blindar es muy similar a lo que los empresarios catalanes reclaman a Rajoy (ahí está la reciente conferencia de Joaquim Gay de Montellà en Oviedo). El otro motivo, como ya escribí en esta columna el martes 24 de junio, es el globo sonda lanzado por el ministro Luis de Guindos según el cual el Gobierno español podría no vetar una consulta con una pregunta bastante similar. ERC dice que la propuesta de Iceta le huele a «pacto de despachos». ¿Se acordó en un despacho o en el espacio sideral la doble pregunta que ERC avala? ¿Es posible alguna solución -incluida la independencia- que no surja de un pacto?