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Justicia para los desaparecidos

La ONU y las víctimas del franquismo

Marc Carrillo

La preservación de la memoria de la libertad es el termómetro de la calidad democrática de un país

Recientemente, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas, tras un viaje a España y haberse entrevistado con víctimas de la dictadura de Franco y con autoridades estatales y autonómicas, ha difundido unas primeras impresiones sobre si dichas autoridades están haciendo lo suficiente por los familiares y desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. El año próximo se emitirá un informe definitivo, pero ya desde ahora la respuesta de los representantes de la ONU es que no. Aseguran, según ha informado la prensa, que el Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de elaborar «un plan nacional de búsqueda de desaparecidos, debe derogar la ley de amnistía y juzgar aquí las desapariciones forzadas».

Vaya por delante que las políticas públicas de preservación de la memoria de la libertad y de reparación de la memoria democrática de aquellas personas que dieron lo mejor de si mismas para el restablecimiento de las libertades ante regímenes políticos opresores, es un signo indefectible de la calidad democrática de un país. Por el contrario, el ocultamiento o el olvido cuando no el rechazo por acción u omisión del poder público, para promover y mantener el conocimiento y el debate sobre el pasado histórico y sus protagonistas, especialmente en aquellos países democráticos que han vivido bajo dictaduras, es una muestra indeleble de déficit democrático. Ignorar o esconder las vergüenzas del pasado desde las instituciones representativas, en especial aquellas que supusieron flagrantes violaciones de los derechos humanos, pone de manifiesto la debilidad de los fundamentos democráticos del Estado.

Entre las tareas que el grupo de trabajo de la ONU ha encargado a las autoridades españolas cabe destacar el recordatorio de la colaboración que deben prestar a la juez argentina que ha iniciado actuaciones procesales sobre las desapariciones de personas y los torturadores del franquismo; que la desaparición forzada es un delito continuado que no prescribe; que la búsqueda de los desaparecidos ha de ser una «política de Estado» en la que este debe implicarse y, por tanto, no puede quedar al albur de la voluntad y de los recursos de las familias; que esta implicación no puede dilatarse en el tiempo porque muchos familiares directos de las víctimas son ya de edad muy avanzada y es perentorio reparar el derecho de estas personas de enterrarlas dignamente.

Pero además -añaden- es preciso corregir el comportamiento de determinados poderes públicos, pues la delegación ha constatado la existencia del trato diferente cuando no antagónico que reciben los familiares de las víctimas, en función del partido gobernante en cada lugar; en unos casos las autoridades asumen sus responsabilidades derivadas de la aplicación de la ley de memoria histórica del 2007 y en otros se muestran absolutamente ajenas a su cumplimento. Señalan también que es preciso revertir la tendencia mostrada por sectores de funcionarios que se resisten, sin apoyo legal alguno, a mostrar documentos o que ponen dificultades para consultarlos. Y, por supuesto, en relación a Cuelgamuros, el llamado Valle de los Caídos, el comité de la ONU se ha mostrado de acuerdo con el dictamen del grupos de expertos convocado por el Gobierno Zapatero, de retirar los restos de Franco y convertirlo en un centro de memoria.

La ley de la memoria histórica supuso un tardío esfuerzo para establecer desde el poder público una muy moderada política de memoria democrática, a fin de dignificar y reparar a través del recuerdo el conocimiento histórico de la lucha por las libertad; una ley que respondía a la línea seguida por los países democráticos en los que resultaría impensable encontrar un mausoleo público con los restos de Hitler, Mussolini Salazar. No vale el argumento de que la crisis económica impide la aplicación; las restricciones económicas no pueden afectar al compromiso político y cívico de todas las autoridades competentes de facilitar la aplicación de una ley aprobada por las Cortes Generales. Ni tampoco es de recibo el zafio y vergonzante argumento de que «esto de la memoria no interesa a la gente» o que es cosa de naftalina. Si no interesa, ¿por qué la aprobó el Parlamento? ¿Es que no representa a nadie?

Y, en fin, cabe preguntarse también cómo es posible que criminales como González Pacheco, más conocido como Billy el Niño y tantos otros miembros de la brigada político-social todavía vivos, hayan salido indemnes de responsabilidad e incluso condecorados y pululen todavía con la arrogancia paralela tanto al cinismo de sus responsables políticos, como al vergonzoso pragmatismo de aquellos representantes políticos que ya en la democracia les atribuyeron responsabilidades policiales.

Catedrático de Derecho Constitucional (UPF).

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