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Las políticas de austeridad

El estado de malestar

Josep Fontana

El empobrecimiento y la desigualdad creciente solo se pueden frenar con una vigorosa seguridad social

Los defensores de las políticas de austeridad están de enhorabuena. El País apareció hace pocos días con un titular inquietante: Holanda considera inviable el bienestar. Una aparente llamada a una vida de sufrimiento, que se aclaraba al concretar que lo que su nuevo rey les había dicho a los holandeses era que el Gobierno no podía seguir soportando el coste de los servicios sociales que se integran en lo que se ha dado en llamar Estado del bienestar y que debían prepararse para un porvenir de recortes y privaciones.

Lo podrían haber completado con un estudio del Congressional Budget Office norteamericano que advierte a su Gobierno de que la inutilidad de los recortes del gasto que se están realizando hoy, porque el problema real lo van a tener a partir del 2016, cuando los baby boomers nacidos en la etapa de rápido crecimiento demográfico que se produjo entre 1945 y 1960 requieran los servicios de atención médica y seguridad social que sufraga el presupuesto. Sus cálculos conducen a anticipar que el déficit llegará a ser de un 3,5% del PIB en el 2023 y de un insostenible 6,5% en el 2038.

LA PREVISIÓN DE QUE  los servicios sociales vayan a seguir siendo desmantelados no parece un buen augurio para nuestras sociedades, que se han empobrecido en los últimos años a medida que se reducía la masa salarial que reciben los trabajadores. Lo cual vale para  EEUU, donde los salarios se han mantenido estancados o en descenso entre el 2000 y el 2012 a pesar de que la productividad ha aumentado casi en un 25%; vale para Gran Bretaña, donde un estudio de los sindicatos sostiene que «desde hace 30 años la parte del ingreso nacional pagada como salarios ha disminuido en favor de los beneficios»,  y vale igualmente para España, donde la combinación del paro y del constante descenso de los salarios está engendrando unos niveles de pobreza que no es necesario consultar en las estadísticas, porque resultan cada vez más visibles en la calle.

Lo que hay que hacer para frenar este empobrecimiento, que es la consecuencia de una desigualdad creciente, lo ha explicado Paul Krugman con toda claridad: la única forma de conservar «una sociedad en la que los ciudadanos comunes tengan una esperanza razonable de mantener una vida decente, trabajando duro y ateniéndose a las reglas» es construir una vigorosa red de seguridad social que se ocupe de la sanidad y que garantice un ingreso vital mínimo. Y esto, en un contexto en el que la mayor parte de los ingresos van a parar al capital, solo puede hacerse si los costes de esta red social se pagan con los impuestos sobre rentas y beneficios. Esta es una parte fundamental del análisis de la situación que nos ocultan los partidarios de la austeridad: si el coste de los servicios sociales resulta insostenible es porque faltan los ingresos que se deberían pagar y que son los que proceden de la fiscalidad sobre las rentas financieras y los beneficios empresariales.

Para resolverlo no basta con eliminar formas de delincuencia económica como la evasión a paraísos fiscales o el blanqueo de capitales, con ser estos muy importantes. El trabajo de investigación de The International Consortium of Investigative Journalists, que les invito a consultar en su web (icij.org), no solo nos descubre el gigantesco volumen del tráfico de capitales, sino que nos ofrece nombres de financieros y políticos que se benefician de él.

PERO HAY UNA forma mayor y más grave de evasión, totalmente legal, que es aquella de la que se benefician las empresas que consiguen disminuir sus cargas fiscales utilizando su influencia política. Un estudio de David Cay Johnston en The National Memo nos muestra que en un año de buenos negocios como fue el 2010, las grandes empresas norteamericanas -un grupo que concentra el 81% de todos los activos de negocios- no pagaron como impuestos sobre sus beneficios el 35% que fija la ley sino tan solo un 16,7%, pese a haber aumentado sus ganancias un 45,2%.

Esta es una de las bases en las que se asientan nuestros problemas. Emmanuel Saez, el profesor de la Universidad de California que ha mostrado hasta qué extremo ha llegado hoy el aumento de la desigualdad, no ha dudado en concluir que esta es «un producto de la política del Gobierno».

Lo cual debería llevarnos a la conclusión de que el remedio está en nuestras manos: que somos los ciudadanos quienes debemos elegir entre una sociedad del bienestar basada en una distribución más justa de los beneficios, o seguir sufriendo la continuidad de las políticas de austeridad vigentes, resignándonos a este estado de malestar en el que vivimos, que va en camino de convertirse en un auténtico infierno.

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