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LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA

¿Qué está haciendo, señor ministro?

FÉLIX AZÓN / INMACULADA MONTALBÁN / MARGARITA ROBLES

Las reformas que prepara Gallardón suponen un ataque sin precedentes a la separación de poderes

El ministro Gallardón ha emprendido una serie de reformas que, de prosperar, supondrán un retroceso en los derechos de la ciudadanía y un ataque a la separación de poderes desconocido en la historia de la democracia española.

Atravesamos una de las etapas más delicadas desde 1978. A la crisis económica dramática se suma otra social de confianza por los casos de corrupción que se descubren e investigan los juzgados. Además, encuestas y estudios desvelan un reparto cada vez más desigual de la crisis, donde la diferencia entre ricos y pobres se agranda hasta límites insoportables. «No puede ser que todos se equivoquen; jueces, fiscales, abogados, funcionarios, usuarios», dicen las organizaciones de estos colectivos tras protagonizar la mayor huelga de la justicia en nuestra democracia, mientras el ministro elude el diálogo. Veamos.

1. Dificultar el acceso a la justicia: tasas judiciales. Con la excusa de la eficacia ha levantado barreras para que solo los más pudientes puedan acceder a la justicia. Hay países con tasas, es cierto, pero no se dice toda la verdad: en Francia la tasa por apelación en civil está sobre 100 euros, mientras que aquí la tasa fija es de 800 euros. Tasas desproporcionadas. Se está creando una justicia para ricos. ¿Qué familia o autónomo puede apelar en nuestras circunstancias económicas?

2. Reducir plantilla: ERE de 1.200 jueces y juezas sustitutas. ¿Alguien cree que estos despidos agilizarán la justicia? Juzgados y tribunales atraviesan desde el 2008 por cifras jamás vistas, y en vez de agilizar los procesos para ayudar a la recuperación económica se despide a 1.200 personas y se autoriza convocar una oposición de solo 50 plazas entre jueces y fiscales después de un año en blanco.

España está a la cola de Europa en cuanto a jueces por habitante: tiene 10,7 jueces por cada 100.000, cuando la media de Europa es de 20,9. Nuestro país ocupa el número 36 de la clasificación europea de 49 sistemas judiciales. Ello cuando gran parte de juzgados están desbordados y con carencias de medios humanos y materiales. Estas medidas provocarán retrasos insoportables para la solución de los problemas de la sociedad.

3. Liquidar la independencia judicial. Se reformará el Consejo General del Poder Judicial para sustraerle competencias que protegen la independencia de los jueces, tan necesaria para investigar los casos de corrupción; las competencias pasan al ministerio y suponen una politización de la justicia sin precedentes, pues será el ministerio quien controle los medios materiales y personales. Más grave aún, se quiere modificar el Estatuto Judicial en clara voluntad de menoscabar su independencia. Por fin, otra reforma de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) militariza a jueces y magistrados y les quita derechos que tienen como ciudadanos.

Gallardón reprocha a los jueces que critiquen sus proyectos y quiere imponer silencio y obediencia ciega mientras realiza sus reformas. Se equivoca: el debate entre la obediencia debida y el silencio de los jueces quedó simbolizado en los juicios de Núremberg y superado tras la segunda guerra mundial gracias al Derecho Constitucional y a códigos éticos. Algo similar pretende cuando promueve la instrucción penal dependiente del Gobierno. El ministro quiere pasar la instrucción a la fiscalía sin reformar su estatuto y favorecer su autonomía. Recientes ejemplos existen.

4. Cerrar el círculo: indultos. En vez de reformar y adaptar al siglo XXI la figura del indulto, aspira a introducir en el Código Penal figuras de más que dudosa constitucionalidad como la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad. El reciente indulto del kamikaze condenado por sucesivos tribunales colmó la paciencia de los ciudadanos. El indulto es una herencia de ese ancien régime que evoca, nostálgico, este ministro. Si hay algo arbitrario es indultar a una persona que ha sido juzgada con todas las garantías y que ha sido encontrada culpable.

Este es el futuro que usted pretende. Nosotros, por el contrario, apostamos por una justicia independiente, ágil y cercana a la ciudadanía que contribuya a una salida más justa y rápida de la crisis económica y social.

5. Epílogo: forzar la Constitución y la ley. La reforma de la LOPJ que impulsa el ministro no llegaba a tiempo para evitar el inicio del proceso de renovación del CGPJ y el ministerio instó otra modificación para suspender los artículos que regulan este proceso: léase se trata de paralizar el proceso electoral entre los jueces para elegir a los 12 vocales que les representan según la Constitución.

Tenemos un proceso electoral ya iniciado, según la ley vigente, y el ministro de Justicia no ha llegado a tiempo con su suspensión. De aplicarse esa reforma al proceso electoral en marcha sería como cambiar la ley electoral una vez convocadas elecciones generales. Se trata de la elección de un órgano constitucional. Sin duda la ley puede cambiar, pero la cuestión es si esa modificación puede aplicarse a un proceso electoral ya iniciado. Conteste cada cual a esa cuestión.

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