Montoro lo sabe todo

Yo ya he sido ministro de Hacienda antes, y eso tiene una ventaja: sé quién pagaba impuestos antes y quién no los paga ahora», manifestóCristóbal Montoroel pasado 21 de noviembre, en plena tormenta por las informaciones que atribuían fondos en paraísos fiscales a Artur Mas yJordi Pujol, entre otros. «Quien tiene que comparecer es quien tiene cuentas en Suiza no declaradas», zanjó entoncesMontoro. Así que, tras declarar que siempre ha accedido a información reservada de la Agencia Tributaria, el ministro no sugería, sino que afirmaba -dijo «quien tiene», no «quien tenga»-, queMas yPujol disponían de fondos en Suiza. Lo segundo pudo ser un lapsus linguae; lo primero constituía una confesión en toda regla.

Porque la ley tributaria determina en su artículo 95 que solo las «autoridades y funcionarios» de la Agencia Tributaria -a la que el ministro no pertenece, aunque dependa de su cartera- pueden acceder a «datos, informes o antecedentes» de los contribuyentes, que «tienen carácter reservado» y no podrán «ser cedidos o comunicados a terceros», salvo a la justicia u otras administraciones.

Al uso que durante la campaña catalana hizoMontoro de una información de la que en puridad no debería disponer se ha sumado esta semana la Agencia Tributaria al desvelar, ajena a la ley que regula su funcionamiento, queLuis Bárcenasno se acogió a la amnistía fiscal. Luego el abogado del extesorero del PP ha dejado en evidencia a Hacienda al desvelar queBárcenassí regularizó los fondos evadidos, pero a través de una sociedad de su propiedad. De una tacada, la Agencia Tributaria ha bordeado la norma y ha demostrado que no controla ni siquiera a los defraudadores a quienes ayudó a blanquear sus oscuras fortunas.

Bárcenas, ¿caso aislado?

Aparte de denunciar estos hechos, la asociación de inspectores fiscales ha exigido acceder a los datos de los beneficiarios de la amnistía fiscal -que Hacienda mantiene en secreto, estos sí- para indagar si los fondos blanqueados tenían un origen ilícito. Si en verdadMontorosabe quién paga y quién no, negar esa información a los inspectores alimentaría la sospecha de que el deBárcenas no es un caso aislado.