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editorial

Jueces y democracia

La dimisión de tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el vicepresidente Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, nombrados por el Senado en el 2002 para un periodo agotado desde noviembre pasado, es razonable. Porque la Constitución fija un mandato de nueve años y porque la renovación del tercio anterior de cuatro magistrados, designados por el Congreso de los Diputados, se produjo con un escandaloso retraso de tres años. Es inadmisible que las cámaras legislativas no logren consensuar nunca a tiempo la renovación del TC. Y tampoco es extraña la decisión del nuevo presidente del alto tribunal, Pascual Sala, de no autorizar unas dimisiones que hubieran podido paralizar la vida de un órgano esencial para el funcionamiento de la democracia.

Con su dimisión frustrada, los tres magistrados que ya superaban los nueve años en el puesto (el cuarto, Roberto García Calvo, falleció en el 2008 y su plaza sigue vacante) intentan poner a los dos grandes partidos ante sus obligaciones y forzar la renovación. El retraso de tres años en el tercio de magistrados correspondientes al Congreso (resuelto en noviembre del 2010) obedeció principalmente al interés del PP por evitar una renovación que habría producido una sentencia más comprensiva sobre el Estatut de Catalunya. El PP retrasó la renovación por sus cuitas con el Estatut y para ello recurrió también a otros medios poco legítimos como la guerra de recusaciones (logró apartar al magistrado Pérez Tremps), o la recogida de firmas pidiendo un referendo sobre el Estatut en toda España, algo claramente inconstitucional.

Ahora, el bloqueo obedece a que el PP desea catapultar a una persona próxima, Enrique López, con una trayectoria muy sesgada en el Consejo General del Poder Judicial. El PP argumenta que el PSOE no tiene poder de veto. Es cierto, pero López es muy polémico y la designación por los tres quintos del Congreso -exigida por la Constitución- implica consenso. Y flota la sospecha de que el PP quiere dilatar todo hasta después de las elecciones generales para asegurarse una mayoría conservadora más amplia.

El TC debería ser la voz respetada de la constitucionalidad. Por esa razón, el hecho de que los partidos supediten su composición a sus intereses no ayuda ni al funcionamiento de la democracia ni a su prestigio. Así se provoca la desafección política que el movimiento del 15-M pone de relieve.

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