Municipios colapsados

El azote de la crisis ha acrecentado un grave problema de la Administración: la debilidad de las finanzas de los ayuntamientos, que a partir del próximo 1 de enero deberán empezar a devolver al Estado 1.500 millones de euros correspondientes al 2008. Se trata de la diferencia entre lo que la Administración central adelantó a los ayuntamientos y la cifra finalmente recaudada, menor de lo que se esperaba al disminuir por la crisis las actividades que generan dinero para las arcas públicas. La situación se agravará al año siguiente, cuando la cantidad a devolver se elevará a 4.000 millones.

Son cifras que pesan como una losa sobre los ayuntamientos que, por su mayor proximidad al ciudadano, son los que perciben de inmediato sus necesidades. Y los que se ven obligados a tomar las primeras medidas para paliar problemas sociales que a veces escapan a sus competencias y posibilidades presupuestarias, pero que afrontan por sentido de responsabilidad. Los largos años de bonanza económica, cuando la desaforada actividad de la construcción reportó muy notables ingresos a los ayuntamientos, solaparon el problema de fondo, que ahora ha emergido de nuevo con toda crudeza. Las organizaciones municipalistas llevan casi tres décadas reclamando una redistribución del gasto público español que otorgue a la Administración local el 25% de los recursos, hoy alrededor del 15%, cuando la media de la UE es del 28%. Esta es una asignatura pendiente de la democracia española, ahora más urgente que nunca para evitar el colapso de unas instituciones vitales.