EDITORIAL: 'El error de prohibir los sondeos electorales'

La prohibición a los medios de comunicación de publicar y difundir sondeos electorales durante los cinco días anteriores al de la votación, establecida en el artículo 69.7 de la ley electoral de 1985, supone una clara limitación de la libertad de expresión, impropia de una democracia consolidada como la nuestra. EL PERIÓDICO DE CATALUNYA cumplirá esta norma, pese a no estar de acuerdo con ella. Pero es una norma obsoleta, tanto, que nuestros lectores pueden acceder por internet a los sondeos que se publiquen en el extranjero, como los que ya ha anunciado ‘El Periòdic d'Andorra’.

Al anunciar al público la existencia de una encuesta diaria en un medio extranjero no pretendemos desafiar a las autoridades que velan por el correcto funcionamiento de los procesos electorales. Desde estas páginas hemos sido siempre respetuosos y exigentes con las normas que garantizan las elecciones libres y la igualdad de oportunidades. Así, en la actual campaña, conscientes de que iba a producirse una fuerte bipolarización entre los dos grandes partidos estatales, PSOE y PP, hemos dado espacio suficiente a otras opciones, de modo que la información suministrada a los lectores fuera consecuente con el pluralismo político del que disfruta la sociedad catalana.

Entendemos, asimismo, la intención que en su día guió al legislador, que era la de evitar que la difusión de sondeos ejerciera una influencia indeseable en un electorado poco acostumbrado a acudir a las urnas. Pero han pasado los años y los procesos electorales se han sucedido en este país con absoluta normalidad. La ciencia demoscópica, por otra parte, ha tenido en nuestra sociedad un extraordinario desarrollo. Y finalmente, las nuevas tecnologías de la comunicación --internet, SMS, etcétera-- configuran un marco en el que la información fluye de forma tan instantánea como imparable.

En ese contexto, la actitud paternalista de quienes idearon esta prohibición aparece hoy como algo desfasado. No hay ninguna base técnica para sostener que la publicación de una encuesta modifica la actitud de los electores en una u otra dirección. Carece también de fundamento que no se publiquen sondeos, pero sí se sigan haciendo y queden para uso exclusivo de partidos, medios de comunicación o empresas, de unas élites que los pagan y pueden acceder a una información que no comparten con el común de los votantes. Tampoco parece lógico que los sondeos queden prohibidos, pero las campañas electorales sigan con su habitual bombardeo de mensajes propagandísticos, muchos de ellos excesivos, cuando no demagógicos.

Reclamamos por ello que las autoridades políticas modifiquen durante la próxima legislatura ese artículo de la ley electoral. Para ello no faltan argumentos. Y el último de ellos es que en democracias sólidas como las de Francia o Estados Unidos no existe ya limitación para poner a disposición de los lectores información como la que para estos días anunciaEl Periòdic d'Andorra.