El plan de financiación para el cine de PROA propone un fondo de 158 millones

Ramón Masllorens, presidente de los Productores Audiovisuales Federados de Cataluña (PROA) ha presentado hoy una propuesta de un nuevo modelo de financiación para el cine español, que pasaría por la creación de un fondo dotado con no menos de 158 millones de euros.

Este fondo, que recibiría el nombre de Nacional Público de Apoyo al Sector Audiovisual (FASA) estaría gestionado por el Instituto del Cine (ICAA) y se nutriría de cinco fuentes: Los Presupuestos Generales del Estado; empresas difusoras privadas de ámbito nacional, corporaciones de servicios bajo demanda, del sector de la exhibición y del sector de la producción.

En una rueda de prensa celebrada en el marco del Festival de Cine de Sitges, Masllorens ha explicado que los productores catalanes no encuentran "razonable" que "mientras numerosos países europeos hacen un esfuerzo por mejorar la financiación de su industria audiovisual, España se detenga".

Así, PROA ha hecho un análisis pormenorizado del funcionamiento de la financiación en distintos países europeos con "fondos nacionales de apoyo a la producción audiovisual bien nutridos", 22 en total, y han tomado de cada uno las medidas que mejor encajarían en España.

"Somos conscientes de que esta propuesta no gustará a todos -ha admitido Masllorens-, pero eso es bueno, porque nos da un punto de partida para debatir".

La existencia del fondo FASA, ha asegurad el presidente de los productores catalanes, permitiría dotar "convenientemente" las líneas actuales, "crear nuevas y retomar otras que se suprimieron cuando la crisis golpeó a todos los sectores del país".

El FASA funcionaría, en una primera fase, de modo similar al actual Fondo para la Protección de la Cinematografía, que este año dispuso de 66 millones de euros, 72,3 millones si se suma la dotación para producción, ayudas transitorias a la amortización, para organización de festivales y asistencia a los mismos, y las ayudas a la distribución.

De ese modo, se contaría con esos mismos 66 millones de los PGE; a ellos se sumaría la cuarta parte de lo que se obtuviera del porcentaje del 6% que ahora están obligados a reinvertir las televisiones públicas y del 5% para las privadas (de un modo similar a como lo hacen en Bélgica): el 75% quedaría como está, el 25% iría al FASA.

El tercer pilar saldría de las empresas que trabajan bajo demanda; en ese caso, pasaría al FASA el 1% de su facturación, que pagarían los operadores, "con independencia del país en el que estén establecidos".