BCN dobla el número de inspectores de pisos turísticos tras la revuelta vecinal en la Barceloneta

El gobierno de Xavier Trias ha sobrevivido la mañana de este miércoles a una comisión extraordinaria convocada para debatir sobre el turismo en Barcelona en la que la oposición se ha empleado al máximo aprovechando el tirón mediático de la Barceloneta. El ayuntamiento prepara un paquete de medidas para combatir la proliferación de pisos turísticos, sobre todo en Ciutat Vella. Entre ellas, el refuerzo del equipo de inspectores, que pasará de 60 efectivos a 120, y el incremento de la presencia de la Guardia Urbana en las zonas más conflictivas.

Como telón de fondo, la petición al Govern del endurecimiento de la ley para que el cierre de viviendas de alquiler por días ilegales sea más ágil. El tercer teniente de alcalde y responsable de Hábitat Urbano, Antoni Vives, se ha quejado amargamente de lo "fácil que es abrir un piso turístico y lo complicado que resulta cerrarlo". La segunda teniente de alcalde y responsable de Economía, Sònia Recasens, también ha anunciado la "reformulación de Turisme de Barcelona", que no ha detallado, y ha compartido los detalles del veto de los autocares en Ciutat Vella adelantado por este diario ayer. Como ya se hace en la Sagrada Família y en el parque Güell, la idea es que estos enormes vehículos no se adentren en vías en las que generan problemas de tráfico. Es el caso de la parada que está situada en la plaza de Ramon Berenguer, entre la catedral y la calle de Ferran. Se anulará el 1 de noviembre, y los autocares deberán dejar y recoger a los turistas en plaza de Catalunya, Consulat de Mar o Lluís Companys. Recasens también ha avanzado su intención de invertir la tasa turística en algo más que no sea promoción de la ciudad, extremo que ya negocian con la Generalitat.

"Blindar zonas"

También ha explicado que han pedido a las webs especializadas en alquiler de pisos por días que retiren de la oferta todas las viviendas que no dispongan de la correspondiente licencia. Por su parte, Vives ha insistido en que la ciudad extremará la vigilancia en todas las competencias municipales en materia de vivienda de uso turístico y ha compartido la voluntad municipal de "blindar las zonas de mayor concentración turística".

La batería de propuestas no ha convencido a la oposición, que ha enontrado en este asunto una golosa arma arrojadiza de cara a las elecciones municipales de mayo del 2015. Sara Jaurrieta (PSC) reclamó la dimisión de la concejala de Ciutat Vella, Mercè Homs, y lamentó que el ciudadano tenga "la sensación de que le están robando la ciudad sin que el ayuntamiento no solo no haga nada para evitarlo sino que lo fomente". El PP, a pesar de haber votado a favor de la modificación del plan de usos del distrito más canalla de Barcelona y de la ordenanza de terrazas, dos proyectos que muchos vinculan al actual boom turístico, también ha sido muy duro con el equipo de Trias. El conservador Eduardo Bolaños ha acusado al consistorio de actuar "a remolque" de los acontecimientos y se ha preguntado por qué se ha tardado tanto en actuar. "¿Qué han estado haciendo hasta ahora? ¿Cómo puede ser que en el 2010 se inspeccionara más que ahora?", ha cuestionado.

El ecosocialista Ricard Gomà ha recordado el proyecto de la marina de lujo del Port Vell y lo ha puesto como ejemplo de la "política especulativa puesta al servicio de los lobis". También se ha acordado de la Diagonal y paseo de Gràcia, dos proyectos, ha dicho, "que ponen dinero público al servicio de los intereses comerciales y del sector hotelero". El republicano Jordi Portabella ha recordado que el turismo es una industria y que como tal debe ser tratada. "Hace falta una estructura sólida pero no rígida, centrada en el paisaje urbano y la gestión de la vía pública". "Si no permitimos que existan industrias ilegales, ¿por qué hacemos la vista gorda con los apartamentos clandestinos?". El líder independentista ha afeado al gobierno que se haya actuado tan tarde "cuando se trataba de algo que todo el mundo sabía que estaba sucediend", y ante la voluntad de CiU de descentralizar el turismo, ha recordado que la reciente reforma de los horarios comerciales va en sentido contrario, puesto que solo en el centro se pueden permitir abrir.

La comisión ha terminado con la presentación de una proposición socialista con una batería de cuatro puntos para mejorar la gestión del turismo. Solo ha obtenido el favor de ICV-EUiA y la abstención de ERC. Los votos contrarios, y previsibles, de PP y CiU la han tumbado.