Reacción a una emergencia social

1.230 pisos que fueron de los bancos irán a alquiler social

Bloque del 'banco malo' en Salt ocupado hasta el pasado diciembre.

Bloque del 'banco malo' en Salt ocupado hasta el pasado diciembre.

M. J. I.
SABADELL

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Los 40 pisos del edificio de la calle de Sant Ferran de Sabadell son solo una pequeña parte del paquete de 1.230 viviendas que hasta hace poco pertenecían a entidades financieras y que ahora han sido cedidas a la Generalitat para que esta las alquile a precios asequibles a familias en riesgo de exclusión social. La mayor aportación de inmuebles, algunos ocupados por plataformas ciudadanas como la PAH, la ha hecho la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb o banco malo), con una cesión de 600 viviendas -entre ellas, las del bloque de la capital vallesana-, «que han de encontrar inquilino antes de finales de año», explica Carles Sala, secretario general de Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat. También CatalunyaCaixa (con 400 pisos) y Bankia (con otros 230) han llegado a acuerdos con la Agència de l'Habitatge, que es quien gestiona ahora todo ese patrimonio, indica Sala.

«Ha sido una fórmula, en la que se lleva trabajando unos años y que está permitiendo conciliar los intereses de varios sectores afectados por la crisis», destaca Sala. Por una parte, los de las personas que necesitan una vivienda social; por otra, los de la Administración, que no ha tenido estos años presupuesto para construir obra nueva y, finalmente, los de los bancos, que se han encontrado con decenas de promociones residenciales, después de que los constructores quebraran con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Para la Sareb, el acuerdo de cesión alcanzado con la Generalitat supone también una oportunidad. La sociedad tiene el mandato de la Unión Europea (UE) de dar salida al patrimonio que adquirió a los bancos en el 2012. La mayoría es en forma de deuda y fondos, pero también tiene inmuebles por toda España. «Como ese mandato de la UE tiene un plazo de 15 años y en estos momentos el mercado inmobiliario está tan parado, se decidió colaborar con las comunidades autónomas para que pudieran disponer de unos 2.000 pisos en calidad de viviendas sociales», explica un portavoz.

SIN NOMBRE Y APELLIDO / El convenio de las 600 viviendas en Catalunya ha sido el primero en firmarse, «pero la Sareb está en conversaciones, algunas muy avanzadas, con otros ocho gobiernos autónomos», indica el mismo portavoz. La sociedad recibe, a cambio, 75 euros mensuales por cada piso que ya haya sido adjudicado y 125 euros por los que sigan vacíos. Las nuevas casas sociales no tienen, de momento, nombre y apellidos. «Se adjudicarán de una manera dinámica, en función de las necesidades que se vayan detectando en los 72 municipios en los que la Generalitat ha documentado que existe una fuerte demanda de viviendas sociales», puntualiza el secretario general.

Habitatge, revela Sala, está negociando con varios consistorios, entre ellos el de Girona y el de Sabadell (donde hay otros dos edificios ocupados por la PAH), para la posible cesión de más pisos en las próximas semanas.

Uno de los flecos todavía pendientes de resolver, señala el responsable de Habitatge de la Generalitat, es la financiación de los servicios y suministros de los pisos adjudicados. «Entendemos que deberían asumirla los ayuntamientos», dice.