Terrassa considera "rescate bancario" que la Generalitat "ofrezca" pisos deshauciados

La concejala de Políticas Sociales de Vivienda de Terrassa, Lluïsa Melgares, critica el hecho que la Generalitat “ofrezca” al Ayuntamiento pisos propiedad de entidades bancarias, provenientes de ejecuciones hipotecarias o daciones en pago, y lo califica de “rescate bancario en toda regla”.

Melgares asegura que la última semana recibieron una carta donde se les preguntaba si estaban interesados en comprar un stock de pisos de estas características siguiendo el nuevo decreto sobre vivienda. “No puedo entender que el Gobierno catalán se dedique a ayudar a los bancos a quitarse de encima el stock de pisos vacíos en vez de ayudar a las personas que fueron desahuciadas por los propios bancos”, declara.

Según explica el Ayuntamiento, recibieron una carta de la Agencia de la Vivienda de Catalunya donde se pedía al consistorio “si estaba interesado en comprar alguno de estos pisos”. La oferta se enmarcaba en el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que establece que la Generalitat y los ayuntamientos tendrán preferencia a la hora de comprar este tipo de pisos y que fue aprobada el pasado jueves.

La concejala denuncia una “improvisación y falta de rigor” ya que afirma que la lista de la agencia se limita a tramitar una lista de viviendas con indicación de su dirección, precio y superficie, pero sin indicar ni el número de dormitorios, ni el estado de conservación, ni las condiciones de habitabilidad. Desde el consistorio consideran que esta información no les permite determinar la posible idoneidad de estas viviendas para poder ser destinadas a políticas de vivienda social.

Por otra parte, asegura que los precios de venta indicados son “bastante superiores” al coste de las 975 viviendas que hay actualmente en el parque público municipal. Añade que hay también vivienda sin cédula de habitabilidad, 17 se encuentran alquilados u ocupados y 13 no han sido entregados todavía a la entidad financiera.

Por último, Melgares recuerda en que el derecho de tanteo y retracto para la Generalitat y los Ayuntamientos ya está recogido en la Ley del derecho a la vivienda, “como otras medidas del nuevo decreto que, no no son nuevas, o no son factibles, o no son útiles pero que son muy estéticas en época electoral”.

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